Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Resulta políticamente inadmisible la corriente de información que comienza a develarse alrededor del denominado caso Fernando Cerimedo. No obstante, en un Estado de Derecho es indispensable distinguir entre hechos acreditados, denuncias públicas y responsabilidades penales, estas últimas aún sujetas a investigación judicial.
Lo que denunció el senador Leonardo Roca
En recientes intervenciones públicas, Roca sostuvo que Cerimedo no era un simple consultor extranjero, sino un operador con influencia sobre decisiones de Estado. Entre sus afirmaciones destacan:
-La existencia de una “cold wallet” (billetera digital) elemento que habría permitido el rastreo de movimientos económicos presuntamente vinculados al asesor argentino.
-Que varios ministros y altas autoridades habrían respondido políticamente a Cerimedo pese a no ostentar un cargo oficial.
-La solicitud de informes al Órgano Ejecutivo para establecer el alcance real de sus funciones y el origen de los recursos económicos que habrían financiado su estructura de operaciones.
Hasta la fecha, esas afirmaciones constituyen denuncias parlamentarias y no han sido confirmadas mediante una resolución judicial.
El propio análisis internacional sobre Cerimedo advierte un fenómeno regional: consultores digitales transnacionales que influyen en gobiernos, campañas y narrativas públicas sin ocupar necesariamente un cargo oficial.
Una interrogante institucional
Si un súbdito extranjero ejerce influencia sobre políticas públicas, maneja información sensible o participa en decisiones gubernamentales, el debate deja de ser únicamente penal y se convierte en una cuestión de transparencia, soberanía y control democrático.
La tarea del Ministerio Público y de la Asamblea será determinar si las denuncias del senador Roca están respaldadas por evidencia documental y pericial. Mientras ello no ocurra, corresponde mantener la presunción de inocencia y exigir una investigación exhaustiva e independiente.
¿QUÉ SE OCULTA DETRÁS DEL PODER?