Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Se ha consolidado oficialmente la acreditación de las nuevas autoridades subnacionales. Santa Cruz observa, expectante y vigilante, porque la conducción pública no es un acto protocolar ni un simple relevo administrativo: es, en esencia, la transferencia de una responsabilidad histórica indelegable. Y en ese escenario, la omisión también condena.
Desde este momento, no existe margen para lamentos, mucho menos para la indiferencia. Gobernar implica asumir, sin atenuantes ni excusas, el estado real de las instituciones, por más deterioradas que estas se encuentren. La realidad no se maquilla: se enfrenta.
Si lo que se hereda es un aparato estatal erosionado, debilitado en su institucionalidad y permeado por prácticas de corrupción, la obligación no es administrar la crisis, sino desmantelarla con rigor. No basta con señalar el pasado ni con construir relatos de justificación: corresponde procesarlo, investigarlo y someterlo sin dilaciones al imperio de la ley.
Cada acto de omisión en este proceso no solo perpetúa la impunidad, sino que la legitima. Y cuando la impunidad se normaliza, el Estado deja de ser garante para convertirse en cómplice. Por ello, sentar precedentes judiciales no constituye una alternativa política: es un deber moral, institucional y constitucional.
La justicia no puede ser selectiva ni negociable. Debe erigirse como el pilar inquebrantable sobre el cual se reconstruya la confianza ciudadana. Quien asume el poder y decide no actuar frente a la corrupción heredada, renuncia a su mandato ético y se integra, por omisión, al engranaje de la impunidad.
En consecuencia, el nuevo gobierno deberá asumir con firmeza sus decisiones. Gobernar no es administrar inercias: es romperlas, porque en este tiempo —crítico y decisivo— no hay espacio para la neutralidad o se enfrenta la corrupción con determinación, o se la protege con silencio.
MANDATO SIN EXCUSAS