Santa Cruz de la Sierra atraviesa una contradictoria paradoja: mientras el dinamismo de su imparable expansión económica y demográfica proyecta la potencialidad de nuestra urbe, su núcleo histórico soporta un deterioro que resulta sencillamente imperdonable.
En la funesta actualidad, el corazón de la ciudad —el Casco Viejo, ese que durante generaciones simbolizó orden, comercio y encuentro ciudadano— hoy parece librado a la deriva. La impostura política —más ocupada del cálculo coyuntural que de la gestión urbana— ha permitido que el emblemático casco viejo derive hacia un escenario que parece extraído de lo que el viento se llevó.
Calles desbordadas por el caos vehicular, motociclistas que transitan —incluso frente a las autoridades llamadas a sostener el orden público— sobre las aceras o en sentido contrario con absoluta impunidad; señalizaciones ignoradas y un tránsito convertido en una ruleta de riesgo permanente. No se trata de episodios aislados: es el inequívoco síntoma de una alarmante ausencia de Estado.
Escenario al que se suma un específico y grave factor: la conducta irresponsable de numerosos choferes de micros del mal llamado transporte público. En más de una oportunidad, estas unidades han arrollado a ciudadanos en plena vía urbana y, lejos de haber sido retirados para asumir responsabilidad inmediata, han continuado ejerciendo su actividad como si la vida humana fuese un simple obstáculo en la ruta.
El extremo de esta tragedia urbana se ha manifestado incluso en pleno centro de la ciudad, donde un caso de atropello fatal terminó por segar la vida de un joven universitario. Episodios de esta índole no solo estremecen a la ciudadanía; erosionan la confianza en el sistema mismo de control y justicia.
La contingencia suma y sigue, realidad social que golpea directamente la actividad económica del centro histórico. Comerciantes y empresarios que cumplen rigurosamente con sus obligaciones tributarias se ven obligados a convivir con indigencia desbordada, inseguridad creciente y un deterioro visible del entorno urbano que ahuyenta a la clientela y erosiona la dignidad del espacio público. Para muestra, basta un botón, la zona del antiguo mercado “Los Pozos”, con guaridas de peligrosos forajidos incrustadas impunemente en residenciales.
Pero el problema no es únicamente urbano: es estructural. Durante años, el autodenominado transporte público ha operado bajo un esquema corporativo que condiciona decisiones políticas y diluye la capacidad de regulación del municipio. Cuando el poder público se somete al cálculo electoral o a la presión sectorial, el orden urbano deja de ser prioridad y la ciudad se convierte en rehén de intereses fragmentados.
Así, la expansión de los anillos y el crecimiento económico contrastan dramáticamente con un centro histórico debilitado, donde la degradación del espacio público envía un mensaje peligroso: autoridad en retroceso.
Una ciudad que aspira a liderar el desarrollo nacional debe imponer capacidad y orden, proteger la vida y preservar la dignidad de su espacio urbano.
Porque cuando el centro histórico pierde autoridad, no solo se deteriora la ciudad: se deteriora el respeto por la ley.
Que esta realidad sirva de advertencia para la ciudadanía de Santa Cruz de la Sierra, especialmente en tiempos en que el futuro de la ciudad vuelve a estar sujeto a decisiones electorales.
Cuando la autoridad se retira de las calles, el desorden termina gobernando la ciudad.
“Crecimiento sin orden, progreso sin autoridad”