Por inaudito que parezca, ante la formal denuncia presentada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos tras detectarse contaminación en la gasolina, se dispuso el desplazamiento de tropas especiales, oficiales profesionales y soldados con el objetivo de resguardar las instalaciones estratégicas.
A raíz de las denuncias sobre un presunto sabotaje, se activó el operativo denominado “Plan San Alberto”, que abarca complejos energéticos en los principales departamentos del país. La intervención militar se produce en un contexto de cuestionamientos sobre la calidad del combustible y refuerza la presencia del Estado en la infraestructura energética, considerada vital para el abastecimiento nacional y la estabilidad económica.
Las empresas estratégicas deben contar con protocolos técnicos y de seguridad que prevengan cualquier intento de sabotaje, interferencia o manipulación indebida, específicamente cuando existen antecedentes de gestiones nefastas que pudieron haber debilitado controles internos. La seguridad energética no es un asunto político coyuntural, sino un imperativo de soberanía y responsabilidad institucional.
BOLIVIA Y SUS ENEMIGOS INTERNOS