Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
En Bolivia no enfrentamos una simple crisis coyuntural. Transitamos una vulneración del Estado de Derecho.
Se apelmazan denuncias de corrupción y, entre ellas, existe formalizada una denuncia de extrema gravedad contra el líder cocalero Evo Morales, vinculada a delitos que no admiten relativización ni cálculo político. No se trata de versiones ni de percepciones: es un hecho jurídico que exige actuación inmediata, objetiva y firme por parte del sistema judicial.
Sin embargo, el aparato estatal exhibe una preocupante incapacidad —o peor aún, falta de voluntad— para ejecutar decisiones judiciales, incluyendo mandamientos de aprehensión que, por mandato constitucional, deben cumplirse sin dilación.
Aquí no se debate únicamente la culpabilidad o inocencia de un individuo. Se cuestiona algo más profundo: si en Bolivia la ley tiene jerarquía sobre el poder, o si el poder ha logrado colocarse por encima de la ley.
La Constitución Política del Estado de Bolivia de 2009 establece con claridad la igualdad ante la ley, la independencia de los órganos del Estado y la obligatoriedad de las decisiones judiciales. Estos principios no son enunciativos: son imperativos. Cuando no se cumplen, no estamos ante una deficiencia administrativa, sino ante una fractura del orden constitucional.
Algunos sectores insisten en la idea de retornar a la antigua Constitución Política de la República de Bolivia de 1967, como si la solución residiera en sustituir el texto normativo. Pero el problema de fondo no es la ausencia de reglas, sino la ausencia de voluntad para aplicarlas.
Porque ninguna Constitución —ni la republicana ni la plurinacional— puede sostenerse si el poder político condiciona la acción de la justicia o si las estructuras de influencia logran neutralizarla.
La inacción frente a una denuncia formal de esta magnitud no es neutra, es un mensaje que advierte la existencia de actores con capacidad de sustraerse del alcance de la ley, erosionando la confianza ciudadana e instalando una peligrosa noción: que la justicia en Bolivia no es ciega, sino selectiva. Y cuando la justicia se vuelve selectiva, la democracia entra en zona de riesgo.
Santa Cruz —históricamente emancipadora, firme en sus luchas y resistente ante la imposición— no puede ser espectadora de esta degradación institucional. Tiene el deber cívico de exigir, de interpelar y de no claudicar ante la normalización de la impunidad.
Bolivia no precisa retórica, necesita decisiones: que toda denuncia sea investigada sin privilegios, que todo mandamiento sea ejecutado sin cálculo político y donde ningún liderazgo —por influyente que sea— pueda colocarse por encima de la ley.
Porque cuando el poder desafía a la justicia y la justicia no responde, lo que se pierde no es un proceso: el principio mismo de República. Y cuando la República se debilita, no hay discurso que la sostenga, ni poder que la legitime.
JUSTICIA SELECTIVA: EL PODER QUE DESAFÍA A LA LEY