CUANDO LA LEY DISCRIMINA: EVO MORALES Y LA FRACTURA DEL ESTADO DE DERECHO

Cuando la tolerancia selectiva sustituye a la justicia, el Estado cede su autoridad

La fortaleza de un Estado democrático descansa, esencialmente, en la aplicación imparcial de la ley. Cuando ese principio se vulnera, no solo se resiente la credibilidad institucional: se instala un fenómeno aún más peligroso: la normalización de la desigualdad ante la ley.

En el transcurso de los gobiernos seudosocialistas, se han registrado hechos que, por su gravedad no admitían postergación pero, fueron relativizados, ignorados, revelando una grosera permisividad que socava el principio de uniformidad jurídica. Y procesos que involucraron a autoridades electas, —como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho— así como el controvertido caso denominado “Golpe de Estado”, evidenciaron una actuación expedita por parte de los órganos competentes.

Pero el contraste es tan evidente como preocupante.

El actual gobierno debe exigir que la situación vinculada al expresidente Evo Morales no siga siendo abordada con ambigüedad. Su ámbito de influencia en el trópico cochabambino ha derivado, con el paso del tiempo, en un espacio donde la autoridad del Estado enfrenta desafíos abiertos y reiterados.

La toma de instalaciones estatales, la inadmisible ocupación de bases militares, el secuestro y expulsión de efectivos policiales dentro del propio territorio nacional no constituyen hechos aislados. Son manifestaciones de una degradación estructural, donde la ley pierde capacidad de coerción y el orden constitucional comienza a fracturarse.

Lo verdaderamente inadmisible no es solo la ocurrencia de estos hechos… sino su reiteración sin una respuesta proporcional, sostenida y contundente. En pleno siglo XXI, ninguna sociedad que se considere civilizada puede tolerar la consolidacion de territorios donde la ley no rige con plenitud.

A ello se suman hechos de violencia de alto impacto —como el caso de los esposos Andrade— cuya falta de esclarecimiento concluyente no solo profundiza la percepción de impunidad, sino que proyecta una señal de debilidad institucional.

Bolivia enfrenta su punto de inflexión histórico:

reafirmar si la ley continúa siendo el eje rector de la convivencia social… o admitir, de facto, la consolidación de espacios donde el poder se ejerce al margen del orden jurídico.

La imparcialidad no es negociable. Es la base misma del Estado de derecho.

Cuando el Estado tolera territorios donde su autoridad es desconocida, deja de ser plenamente Estado.

Y cuando esa realidad se consolida… la institucionalidad entra en un proceso silencioso… progresivo… y profundamente corrosivo de disolución.