Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Resulta inconcebible el texto dirigido no sólo al presidente constitucionalmente electo de la República, Rodrigo Paz Pereira, sino también la posición asumida por su propio compañero de fórmula, Edman Lara pretendiendo naturalizar el incoherente y peligrosísimo criterio de “pensar diferente” cuando lo que verdaderamente confronta Bolivia son inconfesables hechos terroristas que, gobierno tras gobierno, han mantenido al país como rehén de la violencia, el chantaje y la desestabilización.
No es permisible relativizar acciones que ya cobraron tres vidas humanas y derivaron incluso en un intento de asesinato, al diputado Labardens porque cuando la criminalidad se normaliza como reivindicación política, el Estado de Derecho se desploma y la democracia ingresa a un terreno devastador.
Los mandamientos de aprehensión librados por el Ministerio Público por delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo y atentados contra la seguridad de los medios de transporte y servicios públicos, en contra de dirigentes como el ejecutivo de la COB, Mario Argollo —cuya dirigencia es amparada en injustificados salarios opulentos— y Justino Apaza, presidente de FEJUVE, exponen lo temerario de sus acciones y su burda impostura: cuotas de poder político y estructuras de presión que consideran pueden desafiar impunemente la institucionalidad, paralizar al país y poner de rodillas a todo el pueblo boliviano ante una infame zozobra.
Reza el documento de aprehensión que, las acciones investigadas expusieron la seguridad pública y el normal funcionamiento de servicios esenciales, instancia que activó mecanismos de búsqueda y aprehensión correspondientes.
Bolivia exige serenidad estratégica, firmeza jurídica y un mensaje unificado de autoridad. La nación no puede continuar secuestrada por minorías radicalizadas sustentadas por organizaciones criminales y direccionadas desde el trópico cochabambino por un líder cocalero que confunde representación social con licencia para delinquir.
Resultando improcedente que la democracia pueda coexistir con el terrorismo, la intimidación y el sabotaje sistemático contra la estabilidad nacional. El pueblo boliviano merece paz y, exige certidumbre y autoridades capaces de actuar con determinación para preservar la República, la institucionalidad y la convivencia democrática.
INFAME TRAICIÓN