Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
El caso del Hotel Las Américas retorna desde las sombras del pasado con una nueva dimensión judicial y política. A 17 años de aquel operativo que marcó profundamente a Santa Cruz y a Bolivia, las víctimas han decidido acudir nuevamente a la justicia y presentar una denuncia contra 155 personas, entre ellas el expresidente Evo Morales, exautoridades, fiscales, jueces, policías y otros funcionarios vinculados, según los denunciantes, con los hechos ocurridos en 2009 y con las actuaciones posteriores.
No referimos simplemente el reabrir una vieja disputa política, denota responder con responsabilidad a la interrogante que durante casi dos décadas quedó sin respuesta: ¿Qué ocurrió realmente en el Hotel Las Américas y qué responsabilidades individuales existieron antes, durante y después de aquel operativo? Alfredo Saucedo, exdirigente de la Unión Juvenil Cruceñista y uno de los denunciantes, fue categórico al explicar el propósito de la acción: conocer la verdad sobre lo ocurrido y determinar por qué, según su criterio, el gobierno de Evo Morales decidió impulsar aquel proceso contra sectores cruceños que reclamaban autonomía, afirmación que incuestionablemente amerita investigación y rigor de prueba. Una democracia responsable no puede sustituir la investigación por consignas, pero tampoco puede utilizar el debido proceso como argumento para impedir que se conozcan hechos que eventualmente pudieron vulnerar derechos fundamentales.
UNA OBLIGACIÓN QUE NO PUEDE SER IGNORADA
Existe un antecedente que impide considerar esta nueva denuncia como un episodio aislado. En su Informe de Fondo 394/21, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció responsabilidades del Estado boliviano por violaciones a derechos humanos relacionadas con el operativo del Hotel Las Américas y con las situaciones posteriores que afectaron a las víctimas. Entre sus conclusiones figuran violaciones vinculadas con la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial.
La propia CIDH llevó posteriormente el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del Caso 13.546, relacionado con los hechos ocurridos durante el operativo policial de abril de 2009, por ello, el debate actual ya no puede limitarse a las versiones políticas enfrentadas de 2009, existe una dimensión internacional de derechos humanos que obliga al Estado boliviano a esclarecer los hechos, determinar responsabilidades cuando corresponda y garantizar reparación y no repetición. Las víctimas sostienen que esas obligaciones no fueron cumplidas adecuadamente y que esa inacción es precisamente una de las razones que las llevó a presentar la denuncia ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.
LAS IMÁGENES QUE EXIGEN RESPUESTAS
No podemos soslayar el capítulo audiovisual del caso que merece ser revisado con especial rigurosidad.
El operativo comenzó durante la madrugada del 16 de abril de 2009. Desde las primeras horas circularon fotografías, imágenes y reportes periodísticos sobre lo ocurrido. Con el transcurso del tiempo, diferentes registros audiovisuales fueron difundidos públicamente y terminaron formando parte de la construcción de la narrativa sobre aquel episodio, surgiendo de manera específica la pregunta que jamás debió perder vigencia: ¿Cuál fue el registro audiovisual original de aquella intervención?, la interrogante adquiere mayor relevancia por las declaraciones atribuidas en su momento a la policía Marilyn Vargas Villca, quien afirmó haber filmado el operativo y posteriormente sostuvo ante el fiscal Marcelo Soza que el material difundido públicamente no correspondía íntegramente con el original que ella había registrado.
Si existieron grabaciones obtenidas durante el desarrollo de la intervención, corresponde establecer su origen, autoría, hora de captura, contenido original, personas que tuvieron acceso al material, forma en que fue reproducido, editado y recorrido hasta llegar a los medios de comunicación, no intentamos acusar a periodistas, medios, policías o funcionarios, buscamos responsablemente lo medularmente elemental: establecer la autenticidad, integridad y trazabilidad de una evidencia que tuvo enorme influencia en la percepción pública del caso.
Una investigación moderna no puede conformarse con versiones, debe contrastar testimonios, documentos, registros, comunicaciones, pericias y material audiovisual y si existieron alteraciones, manipulaciones o modificaciones de alguna evidencia, también corresponde determinar quién las realizó, cuándo y con qué propósito.
¿OPERATIVO CONTRA UN GRUPO O CONSTRUCCIÓN DE UN CASO?
El tiempo ha colocado sobre la mesa otra interrogante fundamental, ¿El operativo del Hotel Las Américas respondió exclusivamente a una investigación sobre una supuesta organización armada o terminó convirtiéndose en el punto de partida de una persecución mucho más amplia contra dirigentes, políticos, cívicos y ciudadanos cruceños?, incuestionablemente no corresponde responder esa pregunta desde una columna de opinión, resulta imperativo que la dirima una investigación judicial con elementos a los que hoy sí se puede acceder.
Durante años, fue significativo el número de personas que fueron vinculadas al denominado caso Terrorismo. Algunos enfrentaron procesos prolongados y otros fueron privados de libertad durante infames décadas. La propia existencia de nuevas denuncias por presuntas torturas, detenciones arbitrarias y otras vulneraciones demuestra que el capítulo judicial de aquel episodio está lejos de haber encontrado una respuesta satisfactoria ante la Dama de la Justicia. Y aquí emerge un principio fundamental: quien acusa debe probar y quien investiga debe hacerlo sin prejuicios, si hubo una estructura estatal que utilizó indebidamente el poder para construir acusaciones falsas, debe establecerse, si existió participación de funcionarios que actuaron conforme a la ley y dentro de sus competencias, también debe establecerse sin soslayar las responsabilidades políticas, administrativas, policiales, fiscales o judiciales que, desde luego deberán individualizarse constituyendo una magnánima ilegalidad pretender que, la justicia trabaje con responsabilidades colectivas.
NO SE PUEDE CONFUNDIR JUSTICIA CON REVANCHA
Que una denuncia alcance a 155 personas no significa que el total sea responsable, resultando incuestionable que la investigación se sustente de forma personalísima, objetiva, técnica y sustentada a través de pruebas legítimas; renunciando a la existencia de responsabilidad por pertenencia política, por haber ocupado un determinado cargo o por haber formado parte de una administración gubernamental, tampoco es admisible que exista inmunidad histórica por haber ejercido el poder, la ley debe mirar a todos con la misma severidad y con las mismas garantías, la justicia debe brindar a las víctimas de ayer el derecho que les fue arrebatado estableciendo, únicamente la verdad.
LA RESPONSABILIDAD ES INDIVIDUAL
La denuncia presentada ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz debe ser recibida con la responsable formalidad que corresponde, teniendo el Ministerio Público la obligación de demostrar que puede investigar un episodio políticamente sensible sin subordinación a intereses partidarios, regionales o personales, debiendo establecerse qué, hechos son penalmente relevantes, qué elementos de convicción existen, qué responsabilidades pueden individualizarse y cuáles acusaciones carecen de sustento. Ese es el verdadero desafío, porque si la investigación demuestra responsabilidades, quienes resulten responsables deberán responder ante la justicia y si determina específicamente que personas fueron injustamente involucradas, también deberá decirlo. Ambas conclusiones forman parte de la verdad.
UN PASADO QUE TODAVÍA INTERPELA A BOLIVIA
El Hotel Las Américas no puede volver a convertirse en una bandera para profundizar la confrontación entre bolivianos, debe responder como una profunda lección institucional.
El Estado tiene la obligación de investigar incluso cuando los hechos comprometen a quienes alguna vez ejercieron el poder, la democracia no se fortalece ocultando sus episodios más oscuros, se sustenta demostrando que puede abrirlos, examinarlos y someterlos a la ley. Por legitimidad esta nueva denuncia debe ser entendida como una oportunidad para saber qué, ocurrió aquella madrugada, para determinar lo sucedido con los asesinatos perpetrados, para esclarecer las denuncias de tortura, persecución y privaciones arbitrarias de libertad, oportunidad para conocer si existió una utilización política del aparato estatal, separando definitivamente las responsabilidades reales de las acusaciones sin sustento y, sobre todo, una oportunidad para que el Estado boliviano demuestre que la justicia no tiene partido, región ni dueño.
El Hotel Las Américas no precisa otra batalla política, exige: verdad, justicia, reparación cuando corresponda y necesita una garantía inequívoca de no repetición. Porque en democracia ninguna autoridad está por encima de la ley, ningún ciudadano está por debajo de ella y nadie —absolutamente nadie— puede quedar indefenso frente al poder del Estado.
¡Bolivia tiene derecho a conocer la verdad y esta vez, la verdad no puede volver a ser una víctima!
HOTEL LAS AMÉRICAS: PASADO QUE EXIGE JUSTICIA, VERDAD Y NO REPETICIÓN