Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Las instituciones no se debilitan por los ataques externos; se fracturan cuando quienes juraron honrarlas deciden traicionar su misión.
La reciente denuncia contra un fiscal involucrado en favorecer a una organización vinculada al tráfico de aproximadamente media tonelada de marihuana en Potosí constituye un hecho de extrema gravedad que exige una investigación exhaustiva y, de comprobarse responsabilidades, una sanción ejemplar. No existe suma de dinero que justifique hipotecar el honor de una institución llamada a defender la legalidad y los intereses y la salud de la sociedad.
Quien lleva la investidura del Ministerio Público no administra un privilegio; asume un compromiso moral y jurídico con millones de ciudadanos que depositan su confianza en la justicia.
Con la misma indignación, la denuncia contra un suboficial de la FELCC acusado de robarse un climatizador de ambiente revela una preocupante degradación ética. El valor económico del objeto resulta irrelevante frente al inmenso daño ocasionado a la credibilidad institucional. Quien desafía con semejante cinismo los principios de honor, disciplina y servicio no solo compromete su nombre; hiere el prestigio de miles de servidores honestos que diariamente cumplen su deber con sacrificio.
El Fiscal General del Estado Dr. Róger Mariaca sostuvo inflexiblemente que en el Ministerio Público no existe espacio para quienes traicionan la confianza ciudadana y que la institución debe actuar con transparencia, objetividad y firmeza frente a cualquier hecho de corrupción. Ese principio debe traducirse en acciones concretas, porque la impunidad nunca puede convertirse en un mensaje para la sociedad.
Del mismo modo, la Policía Boliviana inmediatamente debe separar e investigar a quienes mancillan el uniforme. La gran mayoría de sus elementos sirve con vocación, y precisamente por respeto a ellos corresponde actuar con absoluta implacabilidad contra quienes utilizan la institución para delinquir.
La ciudadanía ya no demanda discursos; exige decisiones. Un fiscal que vende la legalidad o un policía que roba, por insignificante que parezca el objeto sustraído, lesionan el mismo bien jurídico: la confianza pública.
El uniforme y la investidura no son privilegios. Son compromisos de honor. Y cuando ese honor se vende o se pierde por un acto de mezquina deshonestidad, la sanción debe ser tan firme que deje una lección irrebatible: toda institución no solo debe separar a quienes mancillan su prestigio, a quienes la deshonran sino que, los deben presentar ante la autoridad competente con la contundencia que exige la ley y la ética.
EL COSTO DE UNA TRAICIÓN INSTITUCIONAL