Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Resulta inadmisible que el grave atentado contra los derechos fundamentales de millones de bolivianos al libre tránsito, al trabajo, a la salud, al abastecimiento y a la seguridad ciudadana pretenda ser reducido al argumento de una supuesta persecución política.
Los hechos que hoy investiga el Ministerio Público no nacen de diferencias ideológicas ni de disputas partidarias. Se sustentan en denuncias formales por delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, atentados contra los servicios públicos y otros delitos penales vinculados a los 53 días de zozobra generados con bloqueos que paralizaron al país. Según reportes oficiales, los delictivos hechos dejaron más de 24 personas fallecidas y miles de ciudadanos afectados y pérdidas multimillonarias para Bolivia.
Las acciones penales fueron promovidas específicamente contra dirigentes políticos y sindicales, entre ellos el líder cocalero Evo Morales, Nilton Condori, Leonardo Loza y otros representantes de organizaciones sociales, causas que actualmente se encuentran bajo conocimiento del Ministerio Público y de las autoridades jurisdiccionales competentes.
La reciente aprehensión de Vicente Salazar, así como la existencia de otros procesos con órdenes judiciales vigentes, evidencian que corresponde a las instituciones llamadas por la Constitución y la ley desarrollar las investigaciones con independencia, evitando que hechos de semejante magnitud permanezcan en la impunidad.
La justicia debe actuar con absoluta implacabilidad, sin distingos políticos ni privilegios personales. Ninguna causa ideológica puede justificar acciones que, de debelarse judicialmente, atentaron contra la estabilidad del país, afectaron gravemente la economía nacional y vulneraron derechos esenciales de la población.
No potenciamos ningún revanchismo mucho menos retaliación política; exigimos el irrestricto imperio de la Constitución y la ley. Toda democracia auténtica tiene el deber de investigar, juzgar y, cuando corresponda sancionar a quienes hayan promovido, financiado, organizado o ejecutado hechos ilícitos y respondan ante los tribunales con todas las garantías constitucionales, pero con la certeza de que toda conducta delictiva sea castigada con todo el rigor que exige la ley.
Solo sentencias fundadas en pruebas objetivas, dictadas por jueces independientes y respetuosas del debido proceso, permitirán fortalecer el Estado de Derecho y enviar un mensaje inequívoco: Bolivia nunca jamás volverá a ser sometida a episodios de violencia, bloqueo y confrontación que cobraron la vida de decenas de ciudadanos y atentaron contra la institucionalidad democrática.
Justicia, jamás persecución política. La ley debe ser igual para todos, sin excepción.
JUSTICIA, JAMÁS PERSECUCIÓN POLÍTICA