Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Las ejecuciones que vienen sacudiendo a Santa Cruz restringen toda especulación, el mensaje es categórico: el crimen organizado ha dejado de operar en los márgenes para disputar espacios de poder real.
Resultando anacrónico creer que durante las gestiones del MAS la justicia en Bolivia haya sostenido independencia mucho menos imparcialidad. Su sometimiento a la voluntad política, fue evidente, ciego y selectivo, acentuado en los procesos como los denominados “Golpe 1 y Golpe 2” que terminaron por erosionar la credibilidad institucional.
En la actual y trágica coyuntura, la precisión con la que estos hombres han sido ejecutados, sumada a sistemáticos patrones de violencia, genera el inicio de un elemento aún más peligroso: el miedo comienza a organizar la vida cotidiana, lo que está ocurriendo no es una señal errada: hay estructuras operando con capacidad, logística e impunidad.
Frente a ello, el silencio de las autoridades —particularmente del Ministro de Gobierno y del Comandante General de la Policía— deja de ser prudencia institucional para convertirse en un factor de riesgo. El Estado no puede darse el lujo de callar cuando la violencia se estructura. En este contexto, el silencio no es neutral: es permisivo.
Bolivia ya ha sido advertida por historia propia y reciente. Altos mandos encargados de combatir el narcotráfico terminaron vinculados a redes criminales, revelando una verdad incómoda pero ineludible: la amenaza, no precisamente viene de afuera.
En ese específico escenario, la figura de Evo Morales gravita en el conflicto político nacional, siendo responsable señalar que no existe una condena judicial que lo vincule al narcotráfico y esa precisión es indispensable. Sin embargo es legítimo advertir que en su entorno político ha estado rodeado de episodios, denuncias y contradicciones que alimentan una incertidumbre persistente. No se trata de especular, sino de no encubrir con silencio lo que exige explicación.
Santa Cruz no está en zozobra por debilidad. Está en alerta porque reconoce los signos:
— Disputa de poder sin límites.
— Instituciones bajo presión.
— Violencia que deja de ser marginal para volverse mensaje.
Cuando estos tres factores convergen, la historia en la región es clara: el crimen organizado deja de ser un problema policial y pasa a convertirse en un actor político de facto. Y si eso ocurre, ya no hablamos de seguridad… hablamos de soberanía.
La interrogante de fondo no es si el Estado puede controlar la situación, es si está dispuesto a hacerlo; porque cuando las balas hablan y el poder calla, lo que se instala no es el orden… es el dominio del miedo como forma de gobierno.
CUANDO LAS BALAS HABLAN, EL SILENCIO DEL ESTADO CONDENA