CRIMEN AL ESTADO: ENTRE LA VERDAD Y LA IMPUNIDAD

Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar

Santa Cruz no solo está conmocionada; está siendo puesta a prueba. El asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, no admite lecturas tibias ni reacciones protocolares. Es un golpe directo a la institucionalidad, ejecutado con un nivel de violencia que busca más que eliminar a una persona: intimidar al sistema.

La reacción del fiscal general Róger Rider Mariaca Montenegro marca en el plano formal, una línea correcta: activación inmediata de mecanismos investigativos, despliegue de fiscales y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), y coordinación con la Policía.

Los primeros indicios —vainas servidas, declaraciones testificales, reconstrucción inicial del hecho— configuran una escena que sugiere planificación. No estamos frente a un hecho fortuito. La ejecución, en esas condiciones, obliga a abrir todas las hipótesis sin restricciones: desde móviles personales hasta estructuras criminales con capacidad operativa, incluyendo —como ya se ha advertido— posibles redes de complicidad o encubrimiento, incluso dentro de ámbitos públicos.

Aquí es donde la narrativa institucional será determinante. Cuando desde el Ministerio Público se afirma que se buscará la “verdad material e histórica”, no hay margen para la retórica; debe sostenerse un compromiso técnico y político.

Este crimen plantea tres exigencias inmediatas:

Primero, celeridad sin improvisación. Cada hora cuenta, pero cada error cuesta. La cadena de custodia, la pericia balística y el cruce de información deben blindarse de cualquier interferencia.

Segundo, independencia absoluta. Si existen indicios que apunten a estructuras de poder, la investigación no puede detenerse ni desviarse. La credibilidad del Ministerio Público está en juego.

Tercero, mensaje disuasivo real. Identificar y sancionar no solo a los autores materiales, sino también a los intelectuales y a cualquier red de apoyo. De lo contrario, el crimen habrá cumplido su objetivo estratégico: instalar miedo e impunidad.

Lo ocurrido con Víctor Hugo Claure no puede convertirse en un expediente más. Es una línea de quiebre. O el Estado responde con firmeza estructural, o se consolida la percepción —cada vez más peligrosa— de que hay sectores que operan por encima de la ley.

Y eso, en cualquier República, es el principio del deterioro.