Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Bolivia transita por el espiral más delicado y peligroso de su vida contemporánea. La crisis ya no puede analizarse únicamente desde la política tradicional; el país se encuentra atrapado entre colapso económico, radicalización sectorial y una degradación institucional promovida por intereses que deliberadamente apuestan por el caos.
Rayando en lo inadmisible, mientras millones de bolivianos luchan diariamente contra la escasez de combustible, la falta de dólares, el incremento silencioso del costo de vida y la incertidumbre económica, determinados sectores insisten temerariamente en profundizar el ahogo nacional mediante infames bloqueos que paralizan la producción, el transporte y el abastecimiento, generando millonarias pérdidas para un país ya debilitado.
Resultando inevitable la interrogante respecto al oscuro interés del círculo vicioso enquistado en la COB, organización que históricamente nació para defender al trabajador, pero actualmente parece más comprometida con intereses políticos y mecanismos de presión que con el sufrimiento real de la ciudadanía. El trabajador necesita estabilidad, empleo y certidumbre; no convulsión permanente ni estrategias de asfixia nacional.
Mayor preocupación genera la participación del Magisterio en medidas que golpean directamente a la economía nacional. La formación académica y pedagógica obliga moral e intelectualmente a comprender que ninguna nación emerge destruyendo su aparato productivo. El educador debe formar conciencia crítica y responsabilidad social, no contribuir a escenarios que terminan castigando precisamente a las familias más vulnerables, aquellas que dependen del trabajo diario para sobrevivir.
Bolivia presencia además una peligrosa deformación del concepto de protesta social. Lo que constitucionalmente debiera ser un derecho legítimo ha degenerado en mecanismos de coerción colectiva que vulnera los derechos fundamentales de millones de ciudadanos que desean trabajar, circular y sostener a sus familias y, cuando un pueblo pierde la confianza en la justicia, en la política y en el futuro, el riesgo ya no es únicamente económico: es el inicio de la descomposición misma del Estado.
En medio de semejante deterioro institucional emerge nuevamente la figura de Evo Morales, convertido en epicentro de una confrontación que erosiona la estabilidad democrática del país. Resulta alarmante observar cómo quien desconoce abiertamente a la justicia boliviana, existiendo incluso orden de aprehensión en su contra, continúa gozando de impunidad; mientras que autoridades en plena función y mandato constitucional, fueron violentamente aprehendidas y trasladadas a La Paz por decisión política de anteriores administraciones gubernamentales.
Sin soslayar que el líder cocalero ignoró el referéndum del 21F, violentó principios constitucionales y profundizó la división nacional y —actualmente— continúa operando políticamente bajo una inaudita tolerancia institucional.
La indiferencia —o temor— de las entidades encargadas de administrar justicia termina consolidando una percepción devastadora para la democracia: en Bolivia pareciera existir una justicia severa para unos e impunidad privilegiada para otros.
Cuando las instituciones callan frente a quienes desafían abiertamente el orden democrático, el mensaje hacia la sociedad se vuelve violentamente peligroso: la ley deja de ser un principio universal para convertirse en herramienta selectiva de conveniencia política.
Bolivia exige recuperar la autoridad institucional, independencia judicial, responsabilidad sindical y sentido patriótico.
Porque las naciones no colapsan únicamente por falta de recursos; fracasan cuando la ciudadanía deja de creer en la justicia, cuando la ley pierde universalidad y cuando el poder político sustituye al Estado de Derecho y Bolivia comienza peligrosamente a acercarse a ese abismo.
BOLIVIA Y SU ENEMIGO INTERNO