Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Resulta inauditamente inadmisible que el sabotaje deliberado contra el abastecimiento nacional en la sede de gobierno obligue al pueblo alteño y paceño a pagar hasta Bs 140 por un pollo, consecuencia directa de una asfixia económica que ya no puede interpretarse únicamente como una crisis coyuntural. Bolivia confronta un abierto y peligroso desafío al Estado de Derecho, a la autoridad legítimamente constituida y a la estabilidad misma de la República.
Una delictiva minoría de mercenarios, financiados diariamente por estructuras terroristas vinculadas al narcotráfico y a oscuros intereses asentados en el trópico cochabambino, ha convertido el bloqueo, la intimidación y la confrontación en un mecanismo criminal de presión, absolutamente insensible ante el sufrimiento de millones de ciudadanos honestos, frente a intentos de asesinato por un lado y al luto ya consolidado por las lamentables pérdidas humanas registradas.
Mientras el costo de vida se dispara y las familias bolivianas observan con impotencia el deterioro de su economía doméstica, la indiferencia institucional continúa refugiándose en frases repetidas y desgastadas como las emitidas por el vocero de la presidencia: “la justicia tarda, pero llega” e incluso en exhortaciones incoherentemente equivocadas, como el llamado del presidente del Tribunal Supremo de Justicia a buscar acuerdos con los subversivos, en lugar de exigir el cumplimiento irrestricto de la Constitución y la ley.
La realidad demuestra que el hambre, la incertidumbre y la desesperación llegan mucho antes que cualquier respuesta estatal. Actualmente, la violencia criminal no discriminó y alcanzó a la Asamblea Legislativa, tras la brutal agresión al diputado de la Alianza Unidad Róger Labardens Vargas, quien terminó con un coágulo en la cabeza luego del ataque perpetrado por los bloqueadores.
Resultando inevitable la interrogante ciudadana que sindica directamente a las autoridades, ¿Cuánto más debe sufrir Bolivia para que se consolide la aplicación firme de la ley en contra de tanta criminalidad como representan los bloqueos?
La ciudadanía trabajadora, productiva y decente no puede continuar de rehén del perverso líder cocalero que fomenta el caos, la confrontación y el secuestro de la economía nacional. Bolivia clama con urgencia por firmeza institucional, aplicación irrestricta de la ley y decisiones que restituyan el orden democrático, la paz social y el progreso que merecen las familias bolivianas.
Porque resulta inadmisible que cálculos políticos y oscuros intereses económico-sectoriales se sitúen por encima del derecho supremo del pueblo a vivir con dignidad, abastecimiento, seguridad y estabilidad.
BOLIVIA EXIGE RESPETO A SU MANDATO