Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Como jugando boliche, el juez Luis Esteban Loza Quaglini del Juzgado 11.º de Instrucción Penal Anticorrupción de Santa Cruz hizo una “chuza 3 x 1”, bajo qué criterios jurídicos dispuso la detención domiciliaria de Maiker Samir T., Yeison Javier O. y Jaime Ándres R., tres hombres investigados por presuntos vínculos con la estructura de seguridad de Sebastián Marset, decisión que modificó radicalmente su medida cautelar, pero no extinguió el proceso ni declaró su inocencia.
Los imputados continúan siendo investigados por tenencia y portación de armas, almacenaje peligroso, organización criminal y asociación delictuosa. Es decir, la causa penal permanece vigente y corresponde al Ministerio Público sostener la investigación y presentar los elementos de convicción ante la autoridad judicial.
En un contexto de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, toda resolución judicial trasciende el expediente: la ciudadanía espera decisiones debidamente fundamentadas, capaces de transmitir seguridad, coherencia y confianza en el Estado de Derecho.
La Policía Boliviana desarrolla operativos de alto riesgo para desarticular organizaciones criminales; posteriormente, es la justicia la llamada a valorar las pruebas conforme a la ley. El equilibrio entre eficacia policial, debido proceso e independencia judicial constituye el verdadero fundamento de una República democrática, la legitimidad de la justicia no nace de la severidad automática, sino de resoluciones debidamente fundamentadas, transparentes y comprensibles para la sociedad, solo así la justicia fortalece la confianza frente al desafío del narcoterrorismo y del crimen organizado.
3 x 1 JUSTICIA QUE GENERA INCERTIDUMBRE