La incautación de 189,5 kgs de oro que temerariamente se pretendía exportar desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru hacia Dubái dejó de ser únicamente un caso de contrabando para convertirse en una prueba bajo fuego para las instituciones encargadas de combatir la corrupción y proteger los recursos estratégicos del Estado.
El Ministerio de Gobierno aperturó una investigación interna para establecer quién autorizó la liberación de las cinco personas inicialmente arrestadas, nuevo elemento que introduce preocupación. Si existieron fundamentos jurídicos para disponer su libertad, deberán ser plenamente explicados y si por el contrario, hubo irregularidades, omisiones o actos de favorecimiento, las responsabilidades deberán establecerse con el mismo rigor que se juzga al principal investigado.
Las primeras actuaciones revelan que las inconsistencias documentales fueron advertidas por el personal policial tras verificarse que el registro de Senarecom no existía, resultando inválido el código QR y que la Declaración de Exportación (DEX) no figuraba en el Sistema Único de Modernización Aduanera (SUMA). Antecedentes que evidenciaron que el sistema de control funcionó en una etapa, emergiendo incuestionablemente la investigación que debe responder preguntas fundamentales:
¿Cómo una operación de semejante magnitud logró avanzar hasta las instalaciones aeroportuarias?
¿Quién elaboró y presentó la documentación presuntamente irregular?
¿Qué funcionarios públicos participaron en la revisión documental y cuáles fueron sus actuaciones?
¿Quién autorizó la liberación de las cinco personas inicialmente arrestadas y bajo qué fundamentos legales?
¿Cómo una aeronave chárter pudo abandonar el país mientras se desarrollaba el procedimiento policial?
¿Existen organizaciones criminales dedicadas a utilizar la infraestructura aeroportuaria para exportar minerales de forma ilegal?
El reconocimiento realizado por el ministro de Gobierno al Tte. Claire Espinosa López, quien detectó las inconsistencias que impidieron la salida del cargamento, constituye un mensaje institucional importante: el cumplimiento del deber también debe ser visibilizado cuando la actuación policial evita un daño económico al Estado.
Sin embargo, la investigación no puede limitarse al ciudadano actualmente aprehendido. La propia presencia de funcionarios de Aduana, Senarecom y del operador del vuelo durante el procedimiento obliga a esclarecer con absoluta transparencia cuál fue el grado de participación, responsabilidad o conocimiento de cada uno de ellos. Del mismo modo, deberá determinarse quiénes son los verdaderos propietarios de los 77 lingotes de oro, quién financió la operación y cuál era el destino económico de una carga de semejante valor.
Este caso también expone una realidad estructural que Bolivia aún no ha resuelto: la necesidad de fortalecer el control sobre la explotación, comercialización y exportación de minerales. Mientras persistan “debilidades institucionales, documentación vulnerable a falsificaciones y controles fragmentados”, el país continuará enfrentando intentos de sacar ilegalmente recursos que pertenecen a todos los bolivianos.
La decisión del Ministerio Público de mantener el oro bajo custodia y profundizar las pericias constituye un paso necesario, pero la credibilidad institucional dependerá de que las investigaciones no salten ningún eslabón de la cadena, sin privilegios ni excepciones.
La ciudadanía ya no espera únicamente una aprehensión. Exige que se identifique a quienes planificaron la operación, a quienes pudieron facilitarla, a quienes eventualmente omitieron controles y, especialmente, a quienes autorizaron decisiones que hoy generan serias dudas. Solo una investigación exhaustiva, independiente y transparente permitirá demostrar que la lucha contra el contrabando y la corrupción no distingue cargos, influencias ni intereses, y que la riqueza mineral de Bolivia será protegida con el mismo rigor con el que la ley debe juzgar a todos.
VIRU VIRU ¿SIN SOBERANÍA?