Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
La guerra en Europa del Este ha dejado de ser un conflicto lejano para alcanzar a sectores de extrema vulnerabilidad en Bolivia. La confirmación oficial de que 26 ciudadanos bolivianos fueron vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia evidencia una realidad que trasciende el ámbito internacional y plantea un inflexible desafío para el Estado boliviano.
Más allá de las gestiones diplomáticas emprendidas por la Cancillería para brindar obligatoria asistencia consular y procurar la repatriación o desvinculación de los afectados, corresponde que el Ministerio Público de la mano del fiscal general actúe con irrebatible firmeza para esclarecer la existencia de la presunta red de reclutamiento que habría operado delictivos engaños, falsas ofertas laborales o aprovechándose de la necesidad económica de ciudadanos bolivianos.
La Constitución Política del Estado impone la obligación de proteger la dignidad, la libertad y la seguridad de las personas. En consecuencia, la Fiscalía debe garantizar una investigación objetiva, exhaustiva e imparcial, identificar a todos los responsables y aplicar el peso de la ley a quienes hubieran promovido, facilitado o intermediado el envío de bolivianos a un conflicto armado extranjero, si los hechos así se comprueban.
Cuando la desesperación económica se convierte en la puerta de entrada para exponer vidas bolivianas a una guerra ajena, la respuesta institucional no puede admitir vacilaciones. El respeto irrestricto a la legalidad, la defensa de la Constitución y la protección efectiva de la ciudadanía constituyen un imperativo que el Estado está llamado a cumplir.
Incuestionablemente los órganos del poder público tienen la obligación de responder ante la ciudadanía sobre las condiciones sociales y económicas que empujan a algunos bolivianos a asumir riesgos extremos, donde una promesa de ingresos puede convertirse, en los hechos, en una sentencia de muerte. Análogamente, no debe soslayarse la necesidad de investigar otras posibles formas de captación de personas con fines de explotación, incluida la explotación sexual, cuando existan indicios suficientes para ello. Combatir cualquier modalidad de trata de personas y proteger a las víctimas constituye un deber ineludible del Estado de Derecho.
La defensa de la vida, la dignidad humana y la soberanía jurídica de Bolivia exige una respuesta firme, coordinada y apegada a la Constitución y a la ley. La impunidad frente a organizaciones que lucren con la vulnerabilidad de los bolivianos no puede tener cabida en una sociedad que aspira a la justicia y al respeto de los derechos fundamentales.
REPUDIABLE TRATA CON CONDENA MORTAL