Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Resulta, cuanto menos, temerario y profundamente contradictorio que un profesional del Derecho, investido de la responsabilidad de representar al Ministerio Público chileno, haya permitido que una hipótesis preliminar, sustentada únicamente en reactivos de orientación y sin respaldo pericial científico concluyente, derivara en un señalamiento que terminó por defenestrar la imagen internacional de Bolivia y de uno de sus sectores productivos más importantes.
No se trataba de un caso aislado ni de una empresa en particular. La sindicación alcanzó a todo un protocolo de exportación que Bolivia aplica desde hace décadas para llevar su producción forestal a diversos mercados del mundo. El efecto fue inmediato: la madera boliviana pasó a ser sometida a inspecciones del cien por ciento, los contenedores quedaron retenidos en fronteras y puertos, las exportaciones se paralizaron y cientos de empresas vieron comprometida su estabilidad.
Las posteriores pericias científicas demostraron que las pruebas rápidas utilizadas inicialmente generaron falsos positivos, confirmando que las acusaciones carecían del sustento técnico necesario para sostener una imputación de semejante magnitud. Sin embargo, el daño ya estaba consumado.
Como advirtieron la Cámara de Exportadores (Cadex) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las consecuencias trascienden ampliamente el ámbito económico. Se afectó la confianza de los mercados internacionales, se deterioró la imagen de un país exportador y se puso en riesgo la estabilidad laboral de miles de familias que dependen de la cadena forestal.
El Derecho no solo exige perseguir el delito; también impone el deber de actuar con prudencia, objetividad y rigor científico. Cuando una autoridad formula acusaciones públicas sin contar con evidencia concluyente, vulnera principios esenciales como la presunción de inocencia y puede ocasionar perjuicios de enorme dimensión económica, social y diplomática.
La confianza internacional se construye durante décadas y puede destruirse en cuestión de horas. Por ello, corresponde que se establezcan las responsabilidades institucionales por las decisiones adoptadas de manera precipitada y que, de verificarse un actuar negligente, se activen los mecanismos legales de reparación por los daños ocasionados.
La lucha contra el narcotráfico exige firmeza, pero también demanda responsabilidad. Combatir el crimen organizado jamás puede justificar la descalificación de un sector productivo completo máxime si daña la imagen de una nación sobre la base de pruebas que posteriormente fueron desvirtuadas por la ciencia.
Cuando el rigor científico falla, la justicia pierde legitimidad. Pero cuando esa falta de rigor trasciende a los investigados y termina golpeando la reputación de todo un país, el asunto deja de ser exclusivamente judicial para convertirse en atribución de Estado. En ese escenario, la respuesta ya no corresponde únicamente a los tribunales, sino también a la diplomacia y a las instituciones llamadas a defender el honor, la credibilidad y los intereses permanentes de Bolivia frente a la comunidad internacional.
EL TEMERARIO FALSO POSITIVO QUE GOLPEÓ LA CREDIBILIDAD DE UN PAÍS