Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Resulta imperdonable el descrédito internacional al que Bolivia se ha expuesto durante los últimos años. La nación que, por su privilegiada ubicación geográfica, estaba llamada a consolidarse como el corazón logístico de Sudamérica, hoy observa cómo uno de los proyectos de integración continental más importantes avanza prescindiendo de su territorio.
El Corredor Bioceánico de Capricornio, que integrará a Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, constituye mucho más que una carretera. Es una apuesta estratégica por el comercio, la inversión, la competitividad y el desarrollo regional. Mientras nuestros vecinos coordinan políticas aduaneras, infraestructura, seguridad y conectividad, Bolivia permanece al margen, afectada por una imagen de incertidumbre derivada, entre otros factores, por los recurrentes bloqueos de carreteras que paralizan la economía y rompen la confianza internacional.
Ningún inversionista apuesta, por un país donde las principales rutas nacionales pueden ser interrumpidas de manera intempestiva. La libre circulación de personas, bienes y servicios constituye un elemento esencial para la seguridad jurídica y el desarrollo económico.
De ahora en adelante, el Órgano Legislativo ya no puede escudarse en la ausencia de normas. El ordenamiento jurídico boliviano ya reconoce principios y mecanismos suficientes para proteger el interés general. Corresponde al Órgano Ejecutivo ejercer plenamente las atribuciones que la Constitución y las leyes le confieren para preservar el orden público, garantizar la libre transitabilidad y proteger la infraestructura estratégica del Estado, siempre dentro del marco del Estado de Derecho y con estricto respeto a los derechos humanos.
La Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional y encomienda al Estado preservar el orden interno y la seguridad pública. Asimismo, la legislación penal boliviana contempla delitos vinculados con la obstrucción de vías públicas, el atentado contra servicios públicos y otros hechos que, dependiendo de las circunstancias concretas, pueden dar lugar a la intervención del Ministerio Público y de la autoridad judicial. La determinación de responsabilidades corresponde a las instancias competentes mediante el debido proceso.
No se trata de criminalizar la protesta, un derecho constitucionalmente reconocido, sino de impedir que acciones ilegales vulneren derechos fundamentales de millones de bolivianos, ocasionen pérdidas económicas, afecten el abastecimiento y comprometan la credibilidad internacional del país.
La geografía convirtió a Bolivia en un puente natural entre los océanos Atlántico y Pacífico. Sin embargo, la historia demuestra que la ubicación estratégica, por sí sola, no garantiza el desarrollo. La confianza internacional se construye con estabilidad, seguridad jurídica, respeto al Estado de Derecho y la certeza de que las rutas de integración jamás serán utilizadas como instrumentos de presión política.
Mientras Sudamérica redefine su mapa logístico, Bolivia enfrenta una decisión histórica: continuar tolerando la interrupción sistemática de su economía o recuperar las condiciones institucionales que le permitan volver a ser protagonista de la integración continental. El desarrollo no espera, y los corredores del futuro tampoco.
BLOQUEOS “NUNCA MAS”