Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
El arduo trabajo del gobierno constitucional presidido por Rodrigo Paz Pereira, enfrenta un desafío tan complejo como indispensable: educar y reconstruir la conciencia democrática de sectores que, durante dos décadas, fueron sometidos a un proceso de desinstitucionalización del Estado, marcada por prácticas de corrupción, debilitamiento de la justicia y la consolidación de estructuras de poder ajenas al interés nacional.
Durante años, Bolivia dispuso de recursos extraordinarios producto de una bonanza económica sin precedentes, impulsada en gran medida por políticas y proyectos heredados de administraciones anteriores. Oportunidad histórica que fue infamemente afianzada para consolidar un modelo político que hoy deja profundas secuelas económicas, sociales y morales.
El criminal bloqueo que paralizó por más de cincuenta días al país, evidenció una realidad alarmante: la utilización de la presión, la coerción y el sufrimiento de la población como instrumentos de acción política. Productores, trabajadores, transportistas, enfermos y familias enteras padecieron las consecuencias de una estrategia que volvió a poner en riesgo el abastecimiento, la libre circulación, la estabilidad económica y la paz social. El irreversible saldo vidas perdidas y daños ocasionados constituyen una herida que Bolivia no puede permitirse volver a transitar.
Las resoluciones asumidas por siete brigadas parlamentarias del país reflejan lo inadmisible de una coyuntura que exige, con absoluta legitimidad, el restablecimiento pleno del Estado de Derecho. La demanda de cumplimiento de órdenes judiciales pendientes, específicamente, la orden de aprehensión contra Evo Morales, sin privilegios ni impunidad; la investigación de quienes participaron en acciones que derivaron en incuantificables afecciones a la población y, la determinación de responsabilidades institucionales forman parte del debate nacional que hoy interpela a la República.
La preocupación internacional también se manifestó con creciente claridad. Desde la Asamblea General de la OEA, celebrada en Panamá, surgieron pronunciamientos que alertan sobre los riesgos que representan la desestabilización política, el crimen organizado y el narcotráfico para la democracia boliviana. Que Bolivia haya pasado de ser observadora a convertirse en centro de atención continental por estas amenazas constituye una señal que no debe ser ignorada.
En este contexto, Ernesto Justiniano ministro de Defensa expresó “que la victoria no pertenece a un gobierno ni a un partido político; pertenece a los bolivianos que resistieron en paz, a quienes siguieron trabajando, a quienes defendieron la democracia y a quienes jamás dejaron de creer que el país podía recuperar la normalidad y reencontrarse con su futuro”, análogamente fustigó que “𝗘𝘃𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗮𝗿𝗼́ 𝗰𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗺𝗲𝗱𝗶𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀𝗶𝗱𝗮𝗱, lo hizo porque el pueblo boliviano le dijo basta al bloqueo".
Sin embargo, la recuperación de la normalidad tras el levantamiento de los bloqueos representa apenas el inicio de una tarea mucho más profunda. Reconstruir la confianza en las instituciones, restablecer el respeto a la ley, fortalecer la democracia y combatir con firmeza toda estructura vinculada al narcotráfico y a la violencia política son objetivos que demandarán unidad nacional, liderazgo responsable y compromiso ciudadano.
Con espíritu resiliente e inquebrantable, Bolivia intenta ponerse de pie. No solamente para abrazar sus carreteras, sostener su economía y garantizar su abastecimiento, sino para recuperar su esencia medular, el magnánimo valor de la República, el respeto por la Constitución y consolidar la convicción de que ningún interés sectorial puede estar por encima del bienestar de la Nación.
RECONSTRUYENDO LA REPÚBLICA