Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Las controversias en torno a las actuaciones del vicepresidente Edman Lara no dejan de crecer, y la pregunta resulta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar una gestión que parece desafiar el sentido común institucional?
Primero surgieron severos cuestionamientos por la decisión de proporcionar alimentos a quienes, durante más de cincuenta días, mantuvieron bloqueado al país, ocasionando daños incuantificables a la economía nacional, al abastecimiento de productos esenciales y a la libre circulación de millones de bolivianos. Ahora, una nueva polémica se instala en el centro del debate: la convocatoria realizada con inusual premura para considerar una de las herramientas más delicadas que contempla la Constitución Política del Estado, el estado de excepción.
A esta compleja coyuntura se suman las recientes declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien reveló un diagnóstico tan preocupante como revelador sobre el funcionamiento del poder político en Bolivia durante las últimas dos décadas. En una entrevista concedida este fin de semana a Radio Panamericana, la autoridad sostuvo que el verdadero centro de decisiones del país dejó de estar en la plaza Murillo para trasladarse al Trópico de Cochabamba.
“Desde ahí fuimos gobernados los últimos veinte años”, afirmó Oviedo, al señalar que desde esa región se habría definido nombramientos de autoridades, mandos institucionales, policiales y militares, además de importantes decisiones de Estado. Connotando la inaudita realidad, como una profunda distorsión de los principios republicanos y del ejercicio legítimo de la autoridad democrática.
El ministro fue aún más allá al sostener que una de las principales herencias de los anteriores gobiernos fue la progresiva desestructuración de las instituciones, el debilitamiento de los partidos políticos y la penetración de intereses sectoriales en entidades fundamentales del Estado, entre ellas la Policía Boliviana.
Oviedo refirió que, la institución policial fue afectada por prácticas de corrupción, alteraciones en su estructura de mandos y designaciones sustentadas en vínculos políticos, sindicales e incluso relacionados con organizaciones vinculadas al narcotráfico. “Si respondías a una organización, como las Bartolinas o el Trópico, eras comandante de una región”, afirmó la autoridad, advirtiendo que las consecuencias de ese modelo continúan afectando el funcionamiento institucional y la convivencia social.
En este contexto, no deja de resultar significativo que el expresidente Evo Morales permanezca desde hace aproximadamente nueve meses en Lauca Ñ, sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, organización cocalera que dirige desde hace más de tres décadas y que continúa siendo un importante factor de influencia política.
Bolivia atraviesa una coyuntura decisiva. Es precisamente en escenarios como este donde se pone a prueba el carácter de quienes ejercen el poder. La ciudadanía ya no espera discursos ni explicaciones; exige resultados concretos. Lo que está en juego no es únicamente la recuperación de la normalidad, sino la credibilidad de las instituciones, la vigencia efectiva de la Constitución y la capacidad del Estado para ejercer su autoridad legítima sin ambigüedades ni concesiones que debiliten el orden democrático.
Siendo inaceptable la ambigüedad en el principio de autoridad, por ello, la recuperación de la institucionalidad no puede limitarse a una consigna política: debe plasmarse en una acción concreta, firme y sostenida, capaz de devolver a la República el control pleno de sus instituciones y el imperio irrestricto de la ley.
INVESTIDURA CONTROVERTIDA