Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Bolivia enfrenta una decisión histórica entre la vigencia de la ley y la imposición de la fuerza.
La actual gobernabilidad del Estado constituye un desafío de proporciones históricas. Ya no se trata simplemente de administrar diferencias políticas ni de gestionar demandas sectoriales; Bolivia enfrenta una confrontación entre la autoridad legítima de la República y estructuras narcoterroristas poder que durante los últimos años se han arraigado y hoy pretenden condicionar las decisiones nacionales mediante la presión, el bloqueo y la paralización del país.
La decisión del presidente Rodrigo Paz Pereira de aplicar el Estado de Excepción marca un punto de inflexión. No representa para nada la suspensión de la normalidad democrática, sino el intento de restablecerla. Ninguna nación puede desarrollarse cuando sus carreteras permanecen tomadas, cuando el abastecimiento es interrumpido y cuando millones de ciudadanos ven restringido su derecho a trabajar, estudiar, producir y desplazarse libremente.
El desafío que enfrenta Bolivia trasciende la coyuntura. Se trata de definir si la ley continuará subordinada a la fuerza de las mafias que originan los bloqueos o si el Estado recuperará plenamente su capacidad de garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de las normas.
El diálogo siempre será una herramienta indispensable de la democracia, pero existe un principio que no admite negociación: la vigencia de la ley. Cuando la institucionalidad es puesta a prueba, la firmeza del Estado deja de ser una opción para convertirse en una obligación.
La historia juzgará este momento crucial que nuestro primer mandatario asume con responsabilidad y determinación, no por la intensidad del conflicto, sino por la capacidad del estadista para preservar la República, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún interés particular prevalezca sobre el interés nacional.
HORA DE RECUPERAR LA REPÚBLICA