Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Bolivia debe exigir que la acusación preliminar por cierto infundada, concluya con el daño a décadas de trabajo, empleo y mercados internacionales brutalmente afectados.
Existen momentos en que un Estado debe levantar la voz no para encubrir a nadie, sino para defender a quienes trabajan honestamente fortaleciendo su industria nacional.
La novela dantesca de la denominada “narcomadera” ha dejado una lección que Bolivia no puede ignorar: combatir el narcotráfico es una obligación irrenunciable, pero hacerlo no concede licencia para estigmatizar a una industria entera, poner temerariamente en tela de juicio a cientos de empresas, paralizar exportaciones y comprometer la reputación internacional de un país sin que antes existan conclusiones científicas definitivas.
Y AQUÍ EL VERDADERO PROBLEMA
Una denuncia de semejante magnitud, presentada públicamente como una incautación histórica de droga impregnada en madera proveniente de Bolivia, produjo un efecto devastador mucho antes de que concluyeran todas las verificaciones periciales.
La noticia recorrió el mundo, la sospecha quedó instalada, los mercados tomaron nota, los compradores comenzaron a preguntar, las cargas fueron retenidas, los controles se multiplicaron y mientras las instituciones discutían resultados de laboratorio, detrás de cada contenedor había empresarios, trabajadores, transportistas, comunidades forestales, industrias, proveedores y familias que simplemente esperaban que su producción legal pudiera llegar a destino. Ese es el costo que muchas veces no aparece en las fotografías de una incautación.
EL DAÑO NO FUE ABSTRACTO
La industria forestal boliviana no es una actividad marginal, es una cadena productiva que genera empleo, moviliza transporte, transforma materia prima, incorpora valor agregado y coloca productos bolivianos en mercados internacionales.
La Cámara Forestal señaló que el sector sostiene directa e indirectamente a unas 200.000 personas generando aproximadamente 100 millones de dólares anuales por exportaciones, razón por la que resulta irresponsable observar esta crisis como si solamente se tratara de un problema de algunas empresas. Cuando se golpea a la industria forestal, se golpea al trabajador del aserradero, al transportista, al pequeño productor, al técnico forestal, al comerciante, al exportador y a las comunidades que viven de una actividad económica formal y cuando se deteriora la reputación de la madera boliviana, se destruye también la marca Bolivia, daño que puede tardar años en repararse.
EL FISCAL DE ARICA DEBE RESPONDER POR ALGO MÁS QUE UNA INVESTIGACIÓN
Investigar un delito no es cuestionable, lo que sí merece una profunda reflexión institucional es qué ocurre cuando una investigación todavía abierta genera consecuencias económicas y reputacionales de dimensiones internacionales antes de que las pruebas científicas hayan alcanzado una conclusión definitiva.
El Ministerio Público tiene una responsabilidad enorme: perseguir el delito, pero también preservar la objetividad, el debido proceso y la presunción de inocencia, una sospecha puede justificar una investigación, puede justificar una inspección, puede justificar una retención temporal cuando existen razones legales pero, una sospecha no debería convertirse automáticamente en una condena pública, mucho menos en una condena colectiva.
Si existen empresarios, funcionarios o ciudadanos involucrados en actividades criminales, que respondan individualmente ante la justicia, si existió una estructura criminal utilizando empresas como fachada, que sea descubierta y desmantelada si hubo narcotráfico, que sus responsables reciban todo el rigor de la ley pero, si las pericias posteriores contradicen los primeros resultados, entonces también corresponde investigar cómo se produjo el error, quién tomó las decisiones, cuánto daño ocasionó y quién debe asumir las consecuencias. Porque en un Estado de derecho la responsabilidad no puede funcionar solamente en una dirección.
NO SE DEFIENDE AL NARCOTRÁFICO: SE PROTEGE AL QUE TRABAJA
Hay quienes pueden intentar convertir la defensa del sector forestal en una defensa del narcotráfico, nada más equivocado, precisamente porque Bolivia debe combatir frontalmente al crimen organizado, necesita investigaciones rigurosas, científicas y transparentes. La lucha contra el narcotráfico no se fortalece acusando indiscriminadamente, se fortalece identificando culpables, se fortalece siguiendo las rutas del dinero, se fortalece utilizando tecnología de última generación, se fortalece coordinando inteligencia entre policías, aduanas, fiscalías y organismos internacionales y, sobre todo, se fortalece presentando pruebas que puedan resistir cualquier tribunal.
La verdadera lucha contra el narcotráfico exige precisión quirúrgica, no sospechas generalizadas.
¿Y QUIÉN ASUMIRÁ EL DAÑO?
Esta es la pregunta que Bolivia no debe seguir postergando, mientras se discutían los resultados de laboratorio, empresas perdieron tiempo, contratos estuvieron en riesgo, cargas permanecieron inmovilizadas y compradores internacionales recibieron una señal negativa sobre la madera boliviana.
La Cámara Forestal reportó una caída superior al 60% en las exportaciones durante la crisis, CADEX advirtió que unas 2.500 toneladas de madera no pudieron salir de Bolivia en mayo y que las cargas comenzaron a enfrentar inspecciones reforzadas y demoras. Eso significa dinero que dejó de circular, trabajadores que quedaron en incertidumbre, empresas que tuvieron que soportar costos extraordinarios, mercados que pueden buscar otros proveedores y significa algo todavía más delicado: confianza perdida, confianza comercial que se construye durante décadas y puede desaparecer en una conferencia de prensa.
EL ESTADO BOLIVIANO NO PUEDE SER UN ESPECTADOR
Ante una acusación de semejante magnitud, ¿Cuánto perdió Bolivia, cuánto perdieron las empresas, cuántos contratos estuvieron en riesgo, quién asumirá ese daño?
Estas preguntas no pretenden obstaculizar una investigación criminal, al contrario pretenden garantizar que la próxima investigación sea más rigurosa, más científica y más justa.
DEFENDER LA MADERA ES RESPETAR A BOLIVIA
La madera boliviana no puede convertirse en sinónimo de sospecha, debe volver a ser sinónimo de trabajo, producción, transformación, industria y exportación y aquí el Gobierno tiene una obligación histórica: defender la producción nacional con la misma firmeza con la que defiende la soberanía y combate al crimen organizado, porque debe quedar absolutamente claro: Bolivia no puede combatir el narcotráfico destruyendo a sus propios productores.
Que caigan los narcotraficantes.
Que se desmantelen las organizaciones criminales.
Que se investigue cada empresa que realmente tenga vínculos con el delito.
Que se sancione a quien corresponda.
Pero que se proteja con garantías al empresario honesto, al trabajador y a toda una industria que durante décadas ha construido mercados para Bolivia. La lucha contra el crimen se fortalece con firmeza, la justicia demanda pruebas, el comercio internacional se basa en confianza y el desarrollo nacional exige que el Estado esté del lado de quienes producen, porque cuando una acusación sin sustento termina paralizando una industria, el problema ya no es solamente judicial.
¡ES UN PROBLEMA DE ESTADO!
SOSPECHA QUE CONDENÓ A TODA UNA INDUSTRIA