Siendo inocultable el alarmante desafío de organizaciones criminales extranjeras a la soberanía boliviana, resulta inadmisible que, frente a una escalada de violencia sin precedentes, la Chiquitania —donde se encuentran acantonadas dos divisiones militares con variados regimientos desplegados en una de las críticas regiones del país— no se haya ordenado el despliegue de unidades especializadas para reforzar el control de una frontera hoy severamente golpeada por el crimen organizado.
La jornada volvió a teñirse de sangre con el asesinato a balazos de un ciudadano brasileño en la ciudad de Santa Cruz, hecho que se suma a la cadena de asesinatos que ya alcanza la decena de víctimas en pocos días y que, lamentablemente, no parece constituir una cifra definitiva.
Como si ello no fuera suficiente, dos peligrosos reos brasileños procesados por asesinato y tráfico de armas fugaron del penal de Palmasola aprovechando un corte de energía eléctrica. Las investigaciones preliminares señalan que cortaron el cerco perimetral y vulneraron los sistemas de seguridad, mientras las autoridades analizan posibles responsabilidades por negligencia o complicidad. Uno de los prófugos es investigado por presuntos vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC).
Pero existe un hecho de enorme simbolismo que no puede pasar inadvertido. La violencia llegó al extremo de que, el mismo día en que el presidente Rodrigo Paz Pereira concluyó su visita oficial a San Ignacio de Velasco, un médico veterinario de nacionalidad brasileña fue abatido a tiros a escasa distancia del Comando Policial de esa población, un episodio que evidencia el grado de temeridad con el que operan estas estructuras criminales y el abierto desafío que representan para la autoridad del Estado, desafío extremo que, constituirá uno de los mensajes más preocupantes enviados por el crimen organizado a las instituciones encargadas de garantizar el orden público.
Estos crímenes no pueden analizarse de manera aislada. Los asesinatos, la fuga de reos de alta peligrosidad y la violencia persistente en la frontera configuran un escenario que exige una respuesta integral del Estado a través del Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público y todas las instancias competentes en materia de seguridad.
La propia Policía ha señalado que varios de los hechos investigados en San Ignacio de Velasco podrían estar vinculados a disputas entre las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), lo que confirma que Bolivia enfrenta una amenaza transnacional que trasciende la delincuencia común.
La ciudadanía tiene derecho a formular la sindicación, por cierto, legítima: ¿Qué más debe ocurrir para que el Estado active todos los mecanismos constitucionales y legales destinados a proteger la seguridad nacional y recuperar el control efectivo de nuestra soberanía territorial?
Bolivia no puede permitir que el crimen organizado marque el ritmo de las decisiones estatales. La defensa de la soberanía, la protección de la población y el restablecimiento del Estado de Derecho exigen respuestas firmes, oportunas, coordinadas y plenamente ajustadas al marco constitucional y legal. La inacción frente a una amenaza de esta magnitud no solo define peligrosa negligencia, también fortalece a quienes pretenden convertir nuestras fronteras en territorios donde impere la violencia y no la ley.
¿CUÁNTOS MÁS DEBEN MORIR PARA DEFENDER LA SOBERANÍA?