Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
La difusión en días pasados de un video en el que dos efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) aparecen conversando con Evo Morales, sobre quien pesan órdenes de aprehensión emitidas dentro de un proceso judicial, reavivó un debate inevitable sobre la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
La reacción del Ministerio de Gobierno fue inmediata: ambos policías fueron suspendidos y sometidos a un proceso disciplinario por presuntas infracciones al régimen disciplinario de la Policía Boliviana. Esa determinación constituye, en sí misma, el reconocimiento de que la conducta observada merece una investigación institucional.
Sin embargo, la controversia trasciende la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios involucrados y pone en evidencia una interrogante de fondo: si existe una orden judicial vigente cuya ejecución puede ser materializada por cualquier efectivo policial, ¿por qué esa decisión continúa sin cumplirse?
Esta contradicción alimenta un creciente cuestionamiento ciudadano sobre la uniformidad con la que el Estado ejerce el monopolio legítimo de la fuerza y ejecuta las resoluciones de la justicia.
La historia reciente de Bolivia demuestra que, en diferentes momentos, los gobiernos del MAS desplegaron amplios e implacables operativos policiales para dar cumplimiento a mandamientos judiciales dirigidos contra diversas autoridades electas y actores políticos. Ese antecedente fortalece la percepción de que la aplicación de la ley debe ser uniforme, independientemente de la relevancia política, el poder territorial o la influencia de las personas involucradas.
En un Estado constitucional de derecho, la credibilidad de las instituciones no se sostiene únicamente en la apertura de implacables procesos disciplinarios internos. Radicando su medular fortaleza en la capacidad de ejecutar las decisiones judiciales con imparcialidad, oportunidad, objetividad y sin privilegios de ninguna naturaleza.
La seguridad jurídica y la confianza ciudadana exigen coherencia institucional. Cuando una resolución judicial se encuentra vigente, corresponde a las autoridades competentes hacerla efectiva dentro del marco de la Constitución y las leyes. Solo así puede consolidarse el principio de igualdad ante la ley, fortalecerse la credibilidad de la justicia y preservarse la legitimidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir el orden jurídico.
¿APLICACIÓN SELECTIVA DE LA LEY?