Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Por inaudito que parezca, la indigna dependencia de ayuda humanitaria proveniente de países vecinos termina por exhibir ante la comunidad internacional la profunda crisis a la que ha sido conducida Bolivia. No se trata únicamente de una emergencia coyuntural ni de las consecuencias de un desastre natural; es el resultado acumulado de dos décadas de desgobierno, colapso económico, desinstitucionalización progresiva y una corrupción que alcanzó niveles intolerables.
El país aún transita las secuelas de un modelo pseudosocialista que debilitó la producción, erosionó la seguridad jurídica y subordinó el interés nacional a intereses sectoriales y políticos. Hoy, mientras la población enfrenta escasez de combustible, paralización del transporte, incertidumbre económica y creciente desesperación social, algunos continúan insistiendo en la negociación con quienes recurren al bloqueo, la coerción y la violencia como instrumentos de presión.
Resulta alarmante que, frente a hechos que afectan gravemente la estabilidad nacional —como la irrupción y toma de una importante unidad militar cuando así lo deciden determinados sectores movilizados—, la respuesta institucional continúe girando en torno a mesas de diálogo, corredores humanitarios y fórmulas de negociación. Lo que demanda la ciudadanía es la plena vigencia del Estado de Derecho. Ninguna democracia puede consolidarse si permite que grupos minoritarios impongan sus intereses mediante la fuerza, el amedrentamiento o el chantaje colectivo.
Las declaraciones surgidas tras la reunión realizada en La Paz reflejan con claridad meridiana la ausencia de consensos y la fragilidad de las decisiones adoptadas. Mientras se debate la posibilidad de anular órdenes de aprehensión, retirar denuncias o buscar mecanismos alternativos de entendimiento, la realidad golpea con crudeza a millones de bolivianos que esperan soluciones concretas y no concesiones políticas.
Bolivia precisa enviar un mensaje inequívoco: el país no puede continuar siendo rehén de intereses particulares como refleja el líder cocalero ni mucho menos de sus estructuras que pretenden de manera inconfesable condicionar las decisiones nacionales y el conflicto sistemático. La ley debe prevalecer sobre cualquier forma de imposición y la institucionalidad debe imponerse sobre los infames sometimientos políticos.
Entretanto, la situación se torna cada vez más dramática. La Paz enfrenta un escenario crítico por el agotamiento de combustible, el transporte permanece paralizado y la actividad económica a nivel nacional se deteriora aceleradamente con millonarias pérdidas diarias. Las calles paceñas semivacías y la incertidumbre creciente constituyen el reflejo más evidente de una nación que reclama orden, institucionalidad y autoridad democrática para recuperar el rumbo.
La historia demuestra que ninguna sociedad prospera cuando la ley negocia con la fuerza. Las naciones avanzan cuando las instituciones actúan con firmeza y cuando el interés colectivo se sitúa por encima de todo cálculo político o sectorial.
NARCOTERRORISMO Vs. DEMOCRACIA