Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Resulta inconfesable recordar que ni siquiera en los conflictos bélicos más atroces se vulnera impunemente los acuerdos humanitarios simbolizados por la bandera blanca. Sin embargo, en nuestro país se registró una incalificable emboscada contra un convoy que transportaba provisiones médicas, combustible y ayuda esencial para la población, poniendo en grave riesgo la vida del ministro Mauricio Zamora, puesto que la consigna era liquidarlo. Empero, lo inauditamente incoherente, recae en que la autoridad insista en negociar con esa delictiva y pequeña minoría que ha hecho de la anarquía, el caos y la zozobra instrumentos de presión política sin el más mínimo respeto por la vida humana, sectores cuyos principales dirigentes han sido señalados por autoridades nacionales y organismos internacionales con actividades de narcoterrorismo y estructuras de violencia organizada. Si los autores intelectuales se encuentran identificados y existen declaraciones públicas que así lo sugieren, la ciudadanía tiene legítimo derecho a preguntarse, ¿Por qué no se sienta presencia de Estado activándose con determinación específica todo recurso constitucional destinado a la aprehensión, la preservación del orden democrático, la seguridad pública y la integridad de la República? Hechos de esta naturaleza constituyen una afrenta no solamente contra la autoridad del Estado, sino también contra los principios elementales de humanidad.
Las recientes denuncias de la Policía Boliviana respecto al empleo de petardos modificados con esferas metálicas, rodamientos de acero y otros elementos potencialmente letales se evidencia, una preocupante escalada de violencia que no puede ni debe ser minimizada. Las consecuencias son dramáticamente ostensibles: efectivos policiales gravemente heridos en el cumplimiento de su deber, entre ellos un uniformado que perdió un ojo como resultado de estos ataques brutales y cobardemente criminales.
En este contexto, nuevamente irrumpe la interrogante de una dimensión ineludible de millones de bolivianos: ¿Por qué se tolera decesos por parte de la sociedad vulnerable y decente, resistiéndose a la aplicación firme y oportuna destinada a garantizar la seguridad ciudadana, el libre tránsito, el acceso a la salud y el trabajo de la inmensa mayoría de los ciudadanos? La Constitución Política del Estado no fue concebida para cálculos políticos y proteger la violencia, sino para resguardar los derechos fundamentales de todos los bolivianos.
La democracia exige diálogo, pero jamás capitulación ante la intimidación. El Estado tiene la obligación irrenunciable de preservar el orden público, garantizar la paz social y proteger la vida de quienes contribuyen diariamente al desarrollo de la República con trabajo honesto, respeto a la ley y vocación de convivencia pacífica. La defensa de los derechos ciudadanos no puede quedar subordinada a las acciones del líder cocalero que pretende imponer sus intereses por encima de la ley.
GOLPE TERRORISTA EN PLENO SIGLO XXI