Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Estadísticas letales que suman y siguen.
Frente a la magnitud de los hechos resultan insuficientes los mensajes de pésame expresados por el Gobierno a la familia doliente de un menor de apenas 12 años, que era trasladado en una ambulancia desde Potosí hasta Oruro y perdió la vida como consecuencia de un criminal bloqueo. La solidaridad no puede sostenerse en declaraciones; debe traducirse en decisiones concretas que garanticen el libre tránsito, la protección de la población, el derecho a la vida y el cumplimiento irrestricto de la ley.
Resulta impostergable que el Gobierno deje de lado los cálculos políticos y ejerza plenamente las atribuciones que la Constitución y las leyes le confieren. Son millones de bolivianos los que exigen abandonar el proselitismo permanente, dejar atrás los discursos justificativos y asumir, con la responsabilidad inherente a la investidura presidencial, la defensa del orden público, en lugar de minimizar lo intolerable: actos terroristas que cobran vidas en las carreteras, generando pérdidas millonarias cada día y deteriorando áun más la imagen internacional de Bolivia.
Desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al concluir una multitudinaria marcha ciudadana, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, expresó una demanda que interpreta el clamor de amplios sectores de la población: que el Estado ejerza plenamente sus atribuciones constitucionales y restablezca el control institucional, evitando empujar a los ciudadanos a asumir por cuenta propia la defensa del Estado de Derecho. El plazo fijado concluye el domingo; la responsabilidad de actuar recae ahora en quienes tienen el mandato constitucional de preservar el orden, la seguridad y la convivencia democrática.
Ante un escenario que desafía abiertamente la institucionalidad republicana y los principios democráticos, corresponde debatir con responsabilidad todas las herramientas que el ordenamiento jurídico contempla para restablecer el imperio de la ley. Entre ellas la eventual declaratoria de estado de excepción conforme a los procedimientos constitucionales vigentes, la investigación, procesamiento y aprehensión del líder cocalero por resultar el principal artífice de los mayores actos terroristas transitados en los últimos tiempos de nuestra vida republicana y a todo sedicioso que instigue públicamente a la comisión de delitos, así como la adopción de medidas extraordinarias de seguridad y la militarización en los principales focos de conflictividad.
Lo que está en juego no es únicamente la circulación en las carreteras, sino la vigencia misma del Estado de Derecho, la autoridad legítima de las instituciones y la capacidad irrenunciable de la República para proteger la vida, la integridad y las libertades fundamentales de todos sus ciudadanos.
Ninguna reivindicación política puede situarse por encima de esos principios ni justificar acciones que pongan en riesgo la vida de los bolivianos.
IMPOSTERGABLE ACTUACIÓN