Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
La escalada de medidas de presión que mantiene al país prácticamente sitiado, constituye desde su origen, una inconfesable amenaza contra los derechos fundamentales consagrados por la Constitución Política del Estado. Lejos de representar una simple manifestación de descontento social, estos actos ocasionaron una afectación directa, especialmente el derecho a la vida, a la libre circulación y al acceso a servicios esenciales.
Resulta profundamente preocupante que, mientras Bolivia acumula cerca de un centenar de puntos de bloqueo y más de treinta días de paralización de carreteras, continúen promoviéndose nuevas acciones de presión bajo la convocatoria de ampliados y nuevas movilizaciones que, lejos de buscar soluciones, profundizan la crisis económica, social y humanitaria que golpea a millones de ciudadanos.
Las consecuencias contradicen cualquier intento de justificación: desabastecimiento de alimentos, dificultades para el suministro de combustibles, retrasos en la atención médica, severos perjuicios al aparato productivo nacional y, lo más doloroso e irreversible, pérdidas de vidas humanas y sufrimiento para familias bolivianas ajenas a los intereses de quienes impulsan estas medidas, surgiendo la legítima y coherente interrogante, ¿Quién asumirá la responsabilidad de los decesos y el devastador daño a la economía e imagen internacional del país?
Contexto en el que raya lo inadmisible, insistir en procesos de negociación que no estén orientados, de manera inmediata, al restablecimiento del orden constitucional y de la libre transitabilidad. Ninguna reivindicación política, sectorial o corporativa puede situarse por encima de la vida humana ni del interés superior del país.
Corresponde al Pdte. Paz Pereira, ejercer plenamente las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado para garantizar el orden público, proteger a la población y preservar la democracia. La ley debe aplicarse con firmeza frente a cualquier acción que pretenda sustituir la voluntad popular expresada en las urnas mediante mecanismos de coerción, violencia o bloqueo sistemático de las actividades nacionales.
Bolivia exige inmediato orden enmarcado en el inflexible marco constitucional, rechazando toda forma de extorsión y/o medidas que castiguen a la población. La democracia no puede permanecer rehén del líder cocalero que pretende imponer sus objetivos mediante la paralización del país. La defensa de la vida, la institucionalidad y el Estado de Derecho debe prevalecer por encima de cualquier nefasto interés particular.
IMPOSIBLE NEGOCIAR CON EL NARCOTERRORISO