Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Tras infames 39 días de bloqueos que han cobrado vidas humanas, provocado un daño económico incuantificable, amenazado la seguridad alimentaria y profundizado la pobreza de miles de familias bolivianas, la interrogante se vuelve inevitable: ¿Cuánto más debe esperar Bolivia para que se restablezca plenamente el Estado de derecho?
Los acontecimientos registrados en San Julián reflejan un preocupante escenario de ausencia de autoridad. El alcalde Carlos Vaca se declaró en la clandestinidad tras denunciar el saqueo de su vivienda por grupos violentos que, además, arremetieron contra domicilios particulares, establecimientos comerciales e incurrieron nuevamente en la destrucción de instalaciones policiales. El resultado es alarmante: una población donde insólitamente las autoridades municipales y policiales se han visto obligadas a replegarse ante el accionar de grupos que actúan al margen de la ley.
El propio alcalde reconoció que el conflicto se radicalizó después del improvisado y fallido intento de desbloqueo, multiplicando los puntos de bloqueo y extendiendo el control sobre rutas alternas. Mientras tanto, efectivos policiales resultaron heridos por impactos de arma de fuego, evidenciando un nivel de violencia inadmisible e incompatible con cualquier reivindicación social legítima.
Las consecuencias de esta crisis se extienden mucho más allá de las carreteras. En Santa Cruz, el sector avícola se encuentra al borde del colapso. Miles de aves y cerdos enfrentan problemas de alimentación debido a la interrupción del suministro de insumos, mientras los productores advierten sobre pérdidas millonarias, riesgo de mortandad y posible crisis alimentaria. Cada jornada de bloqueo representa un devastador golpe adicional a la economía nacional y al sustento de millones de bolivianos.
En este contexto, las declaraciones del presidente Rodrigo Paz adquieren especial relevancia al advertir sobre la presencia de grupos violentos vinculados al narcoterrorismo que buscan aprovechar demandas legítimas para generar inestabilidad y desafiar el orden democrático. El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la libre circulación, el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, así como la protección efectiva de todos los ciudadanos.
Sin embargo, la pregunta que comienza a crecer con incuestionable dolor en la conciencia nacional es aún más profunda: ¿De qué privilegios goza el líder cocalero al que se le atribuye la articulación de un movimiento narcoterrorista que desafía el orden democrático? ¿Qué futuro espera a los grupos subversivos que han decidido desafiar abiertamente la Constitución, las leyes y la autoridad legítima del Estado en los diferentes puntos cardinales de Bolivia?
Ninguna nación puede proyectar estabilidad cuando grupos organizados pretenden sustituir las decisiones institucionales por la fuerza de los hechos consumados. La tolerancia frente a estas acciones no fortalece la paz; por el contrario, alimenta la percepción de impunidad y estimula la diseminación de conductas que ponen en riesgo la convivencia nacional.
Bolivia enfrenta una decisión histórica. El cálculo político no puede continuar prevaleciendo sobre la necesidad de garantizar orden, seguridad y respeto irrestricto a la Constitución. La ciudadanía exige respuestas concretas y acciones eficaces.
Porque si se tolera que San Julián se convierta en el precedente de que grupos radicalizados pueden doblegar a las autoridades, expulsar a la Policía y someter a una población mediante el miedo, la interrogante dejará de ser cuándo se restablecerá el Estado de derecho y cuestionará el extremo: ¿Qué futuro le espera al país, si la autoridad legítima del Estado deja de prevalecer sobre la fuerza de quiénes desafían la ley?
Bolivia merece una respuesta clara. La democracia demanda diálogo, pero también exige autoridad; amerita tolerancia, pero también la aplicación de la ley. Y a quienes desafían el orden constitucional deben comparecer ante la justicia porque ninguna causa, por legítima que pretenda presentarse, puede construirse sobre la violencia, la intimidación o el desconocimiento de las instituciones de la República.
ACCIÓN INMEDIATA SOBRE EL NARCOTERRORISTA