Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
El ministro de Defensa Ernesto Justiniano tiene ante sí una tarea que ya no admite discursos: recuperar el control territorial de Bolivia.
Mientras el Gobierno anuncia que llevará a Panamá una agenda destinada a fortalecer la lucha regional contra los carteles, mejorar el intercambio de inteligencia y atacar las fuentes financieras del crimen organizado, dentro de Bolivia la realidad exige respuestas inmediatas.
El ministro, ha hablado de soberanía, legalidad, inteligencia, tecnología y presencia territorial, precisamente por eso corresponde preguntar: ¿Cuándo veremos esa presencia territorial en nuestras fronteras?
La violencia que golpea a Santa Cruz ya no puede ser interpretada como una sucesión de hechos aislados. La Policía ha advertido sobre una disputa entre organizaciones criminales brasileñas por el control de rutas del narcotráfico, mientras una escalada de asesinatos, emboscadas y ataques armados demuestra que el crimen organizado está dispuesto a desafiar al Estado y frente a semejante escenario, la respuesta militar no puede limitarse a actos protocolares.
Las Fuerzas Armadas celebraron sus 201 años con una parada militar en El Alto que, más allá de su significado institucional, dejó evidentes problemas de organización y desborde de asistentes. Si garantizar el orden y la seguridad de una ceremonia nacional genera semejantes dificultades, la sindicación es inevitable: ¿Qué podemos esperar de la capacidad operativa destinada a proteger nuestras fronteras, donde el enemigo no desfila, no anuncia su llegada y utiliza armas de guerra, inteligencia, tecnología y dinero ilícito?
El problema adquiere todavía mayor gravedad cuando recordamos que instalaciones militares han sido vulneradas. En abril de este año, la propia Armada Boliviana denunció la sustracción de armamento y munición del Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia”, en Chua Cocani. La institución tuvo que declarar una emergencia interna y activar grupos especiales para recuperar el material y aquí emerge la interrogante que el Estado debe responder con absoluta transparencia: ¿Dónde están las armas largas secuestradas en los diferentes operativos realizados por la Policía y el Ministerio Público?, no hablamos de una curiosidad periodística citamos tácita seguridad nacional.
En julio, por ejemplo, fueron secuestrados cuatro fusiles AK-47 en el aeropuerto de Viru Viru, en una investigación por tráfico de armas. Entonces corresponde la incuestionable consulta: ¿Cuál es el destino de todo ese armamento, dónde se encuentra, quién lo custodia, existe un inventario nacional actualizado, cuánto permanece bajo cadena de custodia judicial, cuánto fue confiscado definitivamente y cuánto, conforme a la legislación vigente, puede ser habilitado para uso reglamentario de las Fuerzas Armadas?, la propia normativa contempla que las armas y municiones de uso militar confiscadas pueden ser habilitadas por el Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas.
Por eso, mientras nuestras fronteras son amenazadas por organizaciones criminales que disponen de capacidad económica, logística y armamento, resulta legítimo el cuestionamiento: ¿Por qué un país que necesita fortalecer urgentemente su capacidad de respuesta mantiene eventualmente recursos y armamento confiscado sin una explicación pública sobre su destino y utilización?
No se trata de promover la militarización irresponsable de la sociedad, hablamos de algo mucho más elemental: que el Estado utilice legalmente todos los instrumentos que la Constitución y las leyes ponen a su disposición para defender la soberanía nacional.
Porque las organizaciones criminales no reconocen fronteras, no respetan jurisdicciones, no esperan autorizaciones, no tienen reparos en asesinar policías, secuestrar, torturar, utilizar armas de grueso calibre o desafiar abiertamente a la autoridad. Entonces, ¿por qué debería el Estado responder con burocracia?, el propio ministro Justiniano ha advertido sobre estructuras criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, trata de personas, minería ilegal y lavado de dinero. Si el diagnóstico es correcto, la respuesta también debe estar a la altura del diagnóstico.
Bolivia necesita inteligencia, sí.
Necesita cooperación internacional, sí.
Necesita tecnología, sí.
Pero sobre todo requiere, presencia efectiva del Estado en aquellos lugares donde ese espacio de nuestra patria está siendo disputado. El desplazamiento y activación de bases militares en puntos críticos, dentro del marco constitucional y legal correspondiente, ya no debería ser una discusión postergable, porque una frontera abandonada no es simplemente una frontera vulnerable, es una invitación para que el crimen organizado ocupe el espacio que el Estado deja vacío y aquí, llegamos a la interrogante medular:
¿DÓNDE QUEDÓ EL MANDATO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE DEFENDER A BOLIVIA DE SUS ENEMIGOS EXTERNOS E INTERNOS?
Si en la actualidad organizaciones criminales extranjeras ingresan, se disputan territorios, utilizan nuestras rutas, adquieren propiedades, introducen armamento y desafían a las fuerzas del orden, ¿En qué momento deja de ser un problema exclusivamente policial para convertirse en una amenaza a la seguridad y soberanía nacional?
El Gobierno ya reconoció la gravedad del fenómeno. De hecho, Bolivia y Brasil han anunciado mecanismos de cooperación e intercambio de inteligencia ante la expansión de organizaciones criminales en la frontera pero, cooperar con otros países no significa renunciar a nuestra propia responsabilidad.
Panamá puede ser una oportunidad para coordinar inteligencia internacional. Brasil puede ser un aliado estratégico. La Policía debe combatir el delito. La Fiscalía debe perseguirlo. La Justicia debe sancionarlo pero, las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional que no puede convertirse en una presencia meramente ceremonial. La soberanía no se defiende únicamente con discursos se cuida ocupando territorialmente el espacio nacional, protegiendo nuestras fronteras, controlando los puntos críticos y garantizando que ningún cartel, organización criminal o estructura extranjera pueda convertirse en autoridad de facto en territorio boliviano.
Ministro Justiniano: la historia juzgará menos las palabras pronunciadas en Panamá que las decisiones tomadas dentro de Bolivia.
Porque mientras el crimen organizado avanza, la coyuntura en qué o como hará el Estado dejó de ser retórica, la impostergable interrogante es: ¿CUÁNTO TERRITORIO MÁS ESTAMOS DISPUESTOS A PERMITIR QUE EL CRIMEN ORGANIZADO DISPUTE EN NUESTRA REPÚBLICA?
SEÑOR MINISTRO: ¿QUIÉN DEFENDERÁ NUESTRAS FRONTERAS?