Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
El mensaje es brutalmente claro, el crimen organizado ya no está llamando a la puerta del Estado; está desafiándolo dentro del territorio boliviano.
Santa Cruz transitó una de las jornadas más violentas de los últimos años. Siete personas asesinadas en menos de 48 horas, una masacre en San Matías, dos jóvenes decapitados en Yapacaní y, como si fuera poco, un subteniente de la Policía emboscado, asesinado y cuyo cuerpo está en manos de la organización criminal, hecho que trasciende el crimen común y constituye un abierto desafío a la autoridad del Estado.
Cuando criminales armados son capaces de emboscar a una comisión policial, asesinar a un oficial, llevarse su cuerpo e incendiar el vehículo policial, no estamos frente a simples forajidos: escalamos a organizaciones que pretenden demostrar capacidad de fuego, dominio territorial con absoluta temeridad.
La hipótesis de una disputa entre organizaciones criminales brasileñas, particularmente el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), deberá ser confirmada por la investigación policial. Pero existe un hecho que no admite especulación: la violencia de estas estructuras, o de quienes operan bajo sus métodos, ya golpea territorio boliviano y es precisamente aquí donde surge la irrebatible sindicación: ¿Dónde está la Unidad de Inteligencia del Estado y -específicamente- cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Gobierno?
Si comunarios de municipios fronterizos vienen denunciando el desplazamiento de hombres pertrechados con armas de grueso calibre, ¿Qué información está llegando a los organismos de Inteligencia? ¿Qué mapas de riesgo existen? ¿Qué seguimiento se realiza sobre las organizaciones criminales que operan en nuestra frontera? ¿Qué coordinación existe con Brasil?, porque Inteligencia no debería aparecer después de la masacre, su razón de ser es precisamente para anticiparse a ella.
El Ministerio de Gobierno y los organismos especializados tienen la obligación de saber qué ocurre dentro de nuestro territorio, especialmente en una frontera donde convergen el narcotráfico, el contrabando, las organizaciones criminales transnacionales y las rutas clandestinas.
No podemos naturalizar a que el Estado llegue al show, únicamente para recoger evidencias después de que los delincuentes disparan, asesinan y se repliegan.
Tampoco podemos aceptar que los ciudadanos de San Matías, Ascensión de la Frontera, San Ignacio, Yapacaní y otras poblaciones vivan bajo el terror mientras grupos armados se desplazan con mayor capacidad de fuego que la que pueden enfrentar las autoridades locales; la frontera no puede convertirse en tierra de nadie y el cobarde asesinato del subteniente Gerson Salazar Aliendres, debe marcar una guerra sin cuartel contra el avance de las organizaciones criminales que intentan consolidar su presencia dentro del territorio boliviano.
Un policía puede caer en cumplimiento del deber. Lo inadmisible es que su muerte termine por convertirse en una estadística más. Porque cuando se asesina a un servidor público encargado de investigar el crimen, se intenta liquidar también a la autoridad del Estado, por tanto, la respuesta no puede limitarse al desplazamiento de patrullajes después de cada crimen. Bolivia necesita fortalecer su Inteligencia Criminal, su Contrainteligencia, la cooperación fronteriza, la investigación financiera, el control territorial y una estrategia permanente contra las organizaciones criminales transnacionales. El Estado tiene la obligación irrenunciable de recuperar el control territorial, la pregunta ya no es únicamente quién disparó, la interrogante verdaderamente importante es: ¿Quién está intentando controlar nuestra frontera y cuánto sabe el Estado sobre ello?
Porque un país que no conoce lo que ocurre en sus fronteras termina sumando irreversibles estadísticas: cuando las organizaciones criminales ya se sienten con suficiente poder para desafiar a la Policía, matar a sus oficiales y sembrar terror entre sus ciudadanos, lo que está en disputa ya no es solo la seguridad pública: es la propia autoridad del Estado.
Frontera que el Estado deja de controlar termina siendo gobernada por el crimen organizado y eso, en una República que se respete, es sencillamente inadmisible.
¿QUIÉN CONTROLA LA FRONTERA?