La justicia recibió una señal que reabre la esperanza de enfrentar al monstruo del narcotráfico
Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Hay momentos en la historia de una nación en los que los acontecimientos dejan de ser simples noticias y comienzan a convertirse en señales, Bolivia acaba de ingresar en justa y específica instancia, durante años, el narcotráfico dejó de ser solamente una actividad criminal para convertirse en una amenaza capaz de penetrar fronteras, corromper instituciones, comprar voluntades, desafiar al Estado y convertir el miedo en una herramienta de poder, el resultado de lo ocurrido en las últimas horas no puede ser observado como un episodio aislado.
La aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, se produce después de que Estados Unidos formulara graves señalamientos contra Mariaca por presuntos vínculos de corrupción relacionados con la protección al narcotráfico, colocando nuevamente a la institucionalidad boliviana frente a una interrogante que durante demasiado tiempo permaneció suspendida en el aire: ¿Quién investiga a quienes deberían investigar?, la respuesta no puede ser política, debe ser institucional, jurídica, republicana y sustentada en pruebas.
EL MONSTRUO YA NO PUEDE ESCONDERSE DETRÁS DEL ESTADO
El narcotráfico no necesita solamente pistas clandestinas, laboratorios, sicarios o rutas internacionales, su inadmisible y mayor peligro aparece cuando consigue infiltrarse en las estructuras que deberían combatirlo, un narcotraficante puede ser perseguido, detenido y extraditado pero, cuando una organización criminal consigue establecer conexiones con funcionarios, operadores, estructuras financieras o sectores institucionales, la amenaza asciende a otro nivel, una dimensión completamente distinta, ya no referimos única delincuencia, la infame realidad ya establece la capacidad del crimen para desafiar al Estado desde dentro y eso es precisamente lo que Bolivia tiene la obligación de esclarecer, no mediante bastardos discursos, venganzas, persecuciones, su validez debe fortalecerse mediante irrefutables pruebas, porque una acusación debe ser investigada, pero una República no puede convertir una acusación en sentencia. Toda persona investigada tiene el derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y justamente corresponde que las instituciones establezcan con evidencia y dentro del marco de la ley, qué responsabilidades existen. Ahí se fortalece el Estado de Derecho.
EL PRIMER MENSAJE DEL RESETEO
Bolivia comenzó en 2026 su nueva etapa de cooperación internacional contra el crimen organizado, después de 17 años se restableció la seguridad operativa con la DEA; el Gobierno ha buscado profundizar la cooperación con Estados Unidos en materia antidrogas, inteligencia, crimen organizado, cooperación jurídica y extradiciones pero, existe algo todavía de mayor significado: la cooperación internacional solamente tiene sentido si Bolivia está dispuesta a limpiar sus propias instituciones, ningún organismo extranjero puede sustituir a la justicia boliviana o, peor aún esperar que un gobierno foráneo haga por nosotros lo que por responsabilidad corresponde en actuación dentro del país. La cooperación puede aportar información, inteligencia, tecnología, experiencia, mecanismos de investigación y perseguir estructuras transnacionales empero la decisión final debe descansar en instituciones bolivianas capaces de actuar con independencia, legalidad y firmeza.
EL MENSAJE QUE RECIBIÓ LA JUSTICIA
El 28 de septiembre de 2026 se definió una señal imposible de ignorar, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visa contra funcionarios y exfuncionarios de varios países latinoamericanos. En el caso de Mariaca, Washington lo acusó específicamente de haber solicitado y aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia. Mariaca rechazó los señalamientos, dos días después la Policía lo aprehendió junto al fiscal departamental de Santa Cruz, implacable coincidencia temporal que resulta imposible de ignorar, pero todo medio de comunicación responsable debe establecer una frontera infranqueable: una acusación no es una sentencia. La investigación deberá determinar qué elementos existen, cuál es su origen, qué hechos pueden ser demostrados y qué responsabilidades —si las hubiera— corresponden.
Si existen delitos, deberán ser sancionados conforme a ley, si las acusaciones no pueden demostrarse, también deberá existir la capacidad institucional de reconocerlo, instancia que no connota debilidad, su atribución específica denota tácito Estado de Derecho y precisamente ahí comienza el verdadero reseteo.
NO SE TRATA DE CAMBIAR NOMBRES: ES IMPERATIVO REPLANTEAR LAS REGLAS
Bolivia no necesita simplemente sustituir autoridades, exige recuperar la confianza en sus instituciones, precisa fiscales que no teman investigar, jueces que no teman decidir conforme a ley, policías con capacidad y respaldo institucional para perseguir al crimen, militares que cumplan su misión constitucional, instituciones financieras capaces de seguir la ruta del dinero, sistemas de inteligencia que puedan anticiparse a las organizaciones criminales y una sociedad que deje de aceptar como inevitable aquello que durante años fue presentado como una realidad imposible de recuperar, porque el narcotráfico no solamente mueve cocaína, mueve dinero, armas, corrupción, sicariato, influencias, estructuras y, cuando consigue penetrar las instituciones, intenta mover las decisiones del Estado.
BOLIVIA TIENE UNA OPORTUNIDAD
El país se encuentra ante una oportunidad que no debería desperdiciar, la lucha contra el narcotráfico debe convertirse en una política de Estado, no en una bandera circunstancial de ningún gobierno, eso significa investigar hacia arriba y hacia abajo al pequeño distribuidor y al gran financista, la ruta de la droga y la ruta del dinero, las estructuras criminales y, cuando corresponda también a quienes desde el aparato público pudieran haberlas favorecido sin excepciones, privilegios y sin intocables, porque el verdadero poder de una República no se demuestra cuando puede perseguir al ciudadano débil, se acredita cuando existe la capacidad de investigar al poderoso.
LA JUSTICIA ESTÁ ANTE EL ESPEJO
La historia ha colocado a la justicia boliviana frente a un espejo connotando qué, no basta con afirmar que se combate la corrupción, se debe evidenciarlo, mucho menos anunciar tolerancia cero contra el narcotráfico forzosamente, se debe desmontar sus estructuras, no basta con recuperar cooperación internacional, hay que transformar esa cooperación en resultados y mucho menos significa definitivo el detener personas, se debe llegar a las redes porque detrás de cada gran organización criminal existe una cadena de protección, financiamiento, logística, silencio o complicidad que debe ser descubierta mediante investigación legal. El narcotráfico no se derrota únicamente incautando toneladas de droga, se derrota quitándole sus rutas, sus recursos, sus operadores, sus protectores, sus conexiones y, sobre todo, su capacidad de comprar impunidad.
EL RESETEO NO PUEDE SER UNA CONSIGNA
Aquí está la verdadera dimensión del momento, el denominado “reseteo” no debería significar borrar el pasado, debe connotar aprender de él, una República no se fortalece ocultando sus heridas, se restablece investigándolas,
Bolivia necesita una justicia que vuelva a ser respetada por el ciudadano y temida por el delincuente, una Policía que pueda investigar sin interferencias, una Fiscalía que persiga el delito con independencia, jueces que decidan conforme a la ley y una institucionalidad que comprenda que el cargo público no es un patrimonio personal, sino una responsabilidad frente a la Nación, la lucha contra el narcotráfico no puede tener color partidario, mucho menos apellido, no debe puede quedar atrapada en fronteras ideológicas, el enemigo es el crimen organizado y frente al nefasta organización, la respuesta debe ser una sola: Estado organizado, inteligencia, coordinación, investigación y firmeza.
UNA ESPERANZA, PERO TAMBIÉN UNA EXIGENCIA
Lo ocurrido puede ser leído como una señal alentadora por quienes durante años reclamaron una lucha más profunda contra el narcotráfico y la corrupción porque la esperanza, por sí sola, no alcanza. Ahora vienen las pruebas, las investigaciones, las audiencias, las evidencias, las decisiones judiciales, los resultados, porque el verdadero reseteo no será anunciado desde un despacho, deberá ser reconocido por la sociedad cuando el ciudadano vuelva a sentir que la ley puede llegar hasta donde antes parecía imposible. Bolivia no necesita una justicia selectiva, exige una justicia sin miedo, no necesita héroes políticos, requiere instituciones porque los discursos contra el narcotráfico ahora deben sostenerse con resultados y si este nuevo ciclo consigue demostrar que ningún cargo, influencia, fortuna y ninguna estructura criminal están por encima de la ley, entonces Bolivia habrá dado un paso trascendental porque al monstruo del narcotráfico no se lo derrota con miedo, se lo enfrenta con inteligencia, se lo combate con instituciones, se lo desmantela con justicia y se lo derrota cuando el Estado deja de retroceder.
BOLIVIA ESTÁ ANTE EL DESAFÍO DE DEMOSTRAR QUE LA LEY, ESTA VEZ, NO TENDRÁ INTOCABLES.
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RESETEO EN BOLIVIA