La reciente controversia generada por la designación de Zvonko Matkovic al frente de una subsidiaria de ENDE reabrió un debate que trasciende un nombramiento específico. La solicitud de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba para su destitución, respaldada por el argumento de priorizar a profesionales de la región y la institucionalización de las empresas estatales, plantea una discusión legítima sobre la idoneidad técnica de quienes administran entidades públicas.
Sin embargo, el debate adquiere una dimensión distinta cuando el lugar de origen de una autoridad se convierte en un elemento central de la controversia.
Bolivia es un Estado unitario, conformado por 9 departamentos con igual dignidad y derechos. Ningún boliviano debería ser considerado más o menos apto para ejercer una función pública por haber nacido en una determinada región. Si la exigencia es meritocracia, institucionalización y capacidad profesional, esos principios deben aplicarse con absoluta coherencia en todo el territorio nacional y sin excepciones.
Durante décadas, Santa Cruz ha recibido a numerosas autoridades nacionales designadas para conducir empresas e instituciones públicas asentadas en su territorio. En la mayoría de los casos, el debate ciudadano no se centró en su procedencia, sino en la eficiencia, la transparencia y los resultados de su gestión. Esa misma lógica debe prevalecer en cualquier otro departamento del país.
Por ello, resulta indispensable diferenciar dos aspectos que no deben confundirse. Cuestionar la formación, la experiencia o la capacidad de una autoridad constituye un ejercicio democrático plenamente válido. Cuestionarla por su origen departamental representa un camino que profundiza las divisiones y debilita la construcción de una verdadera identidad nacional.
Las reacciones políticas surgidas en torno a este nombramiento también motivaron voces que advirtieron sobre el riesgo de alimentar sentimientos regionalistas. En esa línea, el llamado del arzobispo René Leigue a respetar a todos los bolivianos, sin importar su procedencia, constituye una reflexión que merece ser atendida en un momento en que el país necesita más integración que confrontación.
Santa Cruz no reclama privilegios. Exige el mismo respeto que históricamente ha otorgado al resto del país. Del mismo modo que un profesional paceño, cochabambino, chuquisaqueño, tarijeño, beniano, pandino, orureño o potosino debe tener la oportunidad de servir a Bolivia donde sus capacidades lo ameriten, un cruceño también debe ser valorado por sus méritos y no por el departamento que figura en su certificado de nacimiento.
La institucionalidad no se fortalece estableciendo cuotas regionales, sino garantizando igualdad de oportunidades para todos los bolivianos. La meritocracia no puede cambiar de significado según la geografía o la coyuntura política.
Si Bolivia aspira a consolidar una nación verdaderamente integrada, debe desterrar cualquier manifestación retrograda de regionalismo, provenga de donde provenga. El respeto entre departamentos no puede ser un principio selectivo ni circunstancial, máxime si el deleznable espíritu de resentimiento se antepone a la idoneidad profesional; por el contrario debe convertirse en un compromiso con elemental nivel de inteligencia permanente que incluya también a Santa Cruz, región que aporta decisivamente al desarrollo económico y social del país y que merece ser tratada con la misma consideración y respeto que exige para todos los bolivianos.
Porque la unidad nacional se construye reconociendo que Bolivia será más fuerte cuando el talento, la capacidad y el servicio al país prevalezcan siempre sobre el lugar de origen de sus ciudadanos.
REGIONALISMO, AL MARGEN