CHANTAJE COMO MÉTODO DE PODER

En Bolivia se ha cruzado una línea peligrosa, la Central Obrera Boliviana ya no actúa únicamente como instrumento de reivindicación laboral: en la actualidad opera como un factor de presión directa sobre la estabilidad del poder constituido, no es un matiz, es una mutación.

El paro general indefinido, históricamente legítimo en contextos de lucha social, ha sido reconfigurado como un mecanismo de coerción política. Cuando se exige que un gobierno “dé un paso al costado” fuera de los cauces constitucionales, no estamos ante protesta: estamos ante un intento de sustitución del orden democrático. Aquí no hay ambigüedad posible.

La calle no vota, solamente presiona. Y cuando la presión pretende reemplazar al voto, lo que emerge no es democracia: es fuerza, instalándose así una lógica perversa: gobierna quien resiste más bloqueo, no quien recibió el mandato popular. Es la degradación del sistema hacia una disputa de pulsos, donde la legitimidad se mide en capacidad de paralizar al país y en ese escenario, la dirigencia sindical pierde su escudo histórico, porque no se puede convocar al sacrificio colectivo desde una posición de privilegio cuestionado.

El caso de Mario Argollo expone una fractura de fondo. Los datos que circulan —renta por invalidez, ingresos acumulados que superan injustificadamente el promedio nacional— no son un detalle administrativo: son un golpe directo a la credibilidad del discurso. No es solo cuánto se gana, es desde dónde se exige. Si además se suman señalamientos sobre influencia en estructuras clave del Estado, como la Caja Nacional de Salud, el problema deja de ser sindical para convertirse en sistémico: redes de poder que trascienden la representación laboral y penetran la administración pública, eso ya no es defensa del trabajador. Es captura de espacios de decisión.

El mensaje que se envía es brutal: quien sostiene el bloqueo, tiene capacidad de mando.

Si ese principio se consolida, Bolivia deja de ser una República para convertirse en un territorio de presión organizada, frente a esto, el Estado tiene una sola opción: ejercer autoridad, desde luego no citamos a la autoridad retórica, mucho menos denuncia mediática, se exige autoridad real, garantizar la protesta, sí, pero impedir que se convierta en mecanismo de extorsión política. Romper el ciclo donde cada conflicto escala hasta convertirse en amenaza estructural.

Porque ceder ante el chantaje no pacifica: institucionaliza el chantaje y cuando el chantaje se institucionaliza, la democracia deja de existir como sistema de reglas y pasa a ser un campo de fuerzas dejando de confrontarse como un conflicto más, es una disputa por el método de poder en Bolivia, en términos simples o gobierna la ley, o se impone la presión.

No existe punto intermedio.