Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Cuando la Historia demanda de manera inflexible la transformación de una nación, los acontecimientos dejan de ser hechos aislados y adquieren una responsabilidad ineludible y una prioridad impostergable. Bolivia atraviesa precisamente esa ineludible contingencia histórica.
Las resoluciones adoptadas en el ámbito legislativo, la nueva agenda internacional del Estado y las acciones desplegadas contra estructuras vinculadas al crimen organizado están configurando un escenario que exige algo más que discursos: instituciones capaces de convertir las decisiones del Estado en resultados objetivos, concretos.
El Legislativo ante una responsabilidad histórica, la Asamblea acaba de protagonizar una de sus actuaciones de mayor relevancia en la presente coyuntura, la reforma de la Ley 260 permitió establecer un mecanismo para la suspensión definitiva del Fiscal General cuando se encuentre formalmente imputado y/o sujeto a medidas cautelares por delitos sancionables con privación de libertad, además de habilitar la inmediata designación de una autoridad interina. Posteriormente, la Asamblea eligió a José Armando Urioste como Fiscal General interino.
Independientemente de las posiciones políticas que puedan existir alrededor de esta decisión, el hecho institucional es concreto: el Estado está intentando responder ante una crisis de confianza en uno de los pilares fundamentales de la administración de justicia; análogamente, el legislativo sumó el debate sobre la protección de la libre transitabilidad, Proyecto de Ley 070/2025-2026 que plantea sanciones para quienes bloqueen dolosamente las vías, incuestionablemente, fue responsablemente aprobado por la Comisión de Diputados.
La controversia y diferencia conceptual de problemáticas, converge el lineamiento de la tácita recuperación de la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley y, cuando una nación comienza a recuperar esa capacidad, la institucionalidad deja de ser una palabra y marca el inicio de una práctica.
Bolivia vuelve a mirar hacia el mundo, la dimensión internacional tampoco debe ser soslayada, durante su viaje a Estados Unidos, el presidente Rodrigo Atahualpa Paz Pereira informó haber sostenido más de 32 reuniones con representantes de gobiernos, organismos internacionales, empresas y entidades multilaterales, en el marco de su participación en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El propio Gobierno precisó que, además de los compromisos financieros, las gestiones alcanzarían, según su versión, los 10.000 millones de dólares.
De manera simultánea, la agenda incorporó explícitamente la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional, contexto en que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó el respaldo de la Administración Trump a las acciones emprendidas por Bolivia contra el narcoterrorismo, la corrupción sistémica y las estructuras criminales transnacionales, la convergencia de intereses coloca al país frente a una nueva realidad: la seguridad nacional ya no puede entenderse únicamente como un problema interno, sino como un desafío estratégico que exige cooperación internacional, coordinación institucional y una firme defensa de la soberanía.
El narcotráfico opera mediante redes que atraviesan fronteras, utilizan estructuras financieras, penetran instituciones y buscan convertir determinados territorios en espacios bajo control criminal, extremo que exige la recuperación institucional y la recuperación territorial forman parte de una misma discusión.
En el terreno, la Policía debe responder, emergiendo el elemento que muchas veces queda fuera del análisis político, una ley no patrulla una frontera, una reunión internacional no recupera un territorio, un discurso presidencial no rescata a una víctima.
La política pública necesita una institución que la convierta en presencia efectiva frente al ciudadano y frente al delincuente, denotando incuestionablemente que esa institución es la Policía Boliviana, los hechos recientes muestran esa dimensión operativa.
En Santa Cruz, la Policía ha participado en investigaciones y operativos relacionados con estructuras vinculadas al narcoterrorismo y al crimen organizado, el Ministerio de Gobierno informó sobre operativos simultáneos destinados a investigar y desmantelar la red de protección al narcotráfico y en las últimas horas, el comandante departamental de Santa Cruz, Cnel. MSc. CAD Edson Omar Fernández Molina, informó sobre el hallazgo de un vehículo que transportaba 346 paquetes de sustancias controladas, después de una persecución policial en la ruta La Angostura–Samaipata, hechos que permiten comprender la esencia medular: la seguridad no puede ser el último capítulo de una política de Estado; debe priorizarse como una de sus condiciones de posibilidad.
En este nuevo escenario cobra singular relevancia una consigna que el Cnel. Fernández, viene colocando en el centro de su gestión: “Ni refugio, ni impunidad”, la frase adquiere una mayor dimensión cuando se la coloca frente a la coyuntura por la que transita Bolivia, si el Estado pretende recuperar institucionalidad, debe existir seguridad que derivará en el tácito y natural estímulo internacional para atraer inversiones al país y si la voluntad es recuperar territorios afectados por organizaciones criminales, debe imperar en la mejor acepción del vocablo la seguridad y, la ineludible responsabilidad de proteger a las nuevas generaciones de la penetración del narcoterrorismo, de las estructuras criminales y si pretende devolver confianza al ciudadano, esa seguridad, debe ser visible, profesional y sometida a la ley.
La Policía no puede sustituir a: la Justicia, al Legislativo o al Ejecutivo, empero, sí tiene la responsabilidad constitucional y operativa de hacer cumplir la ley y dentro de sus competencias, proteger a la ciudadanía, investigar el delito y aprehender a quienes desafíen el territorio nacional en la inaudita infamia de consolidarlo, como su espacio de operación criminal.
Las nuevas generaciones y el peligro extremo, esta discusión no pertenece solamente a quienes gobiernan hoy, también alcanzará a quienes todavía no han llegado al poder, nuestros jóvenes porque cada territorio que pierde el Estado, connota una bastarda oportunidad para el crimen organizado, cada institución penetrada representa una amenaza, cada familia que vive sometida al temor pierde parte de su libertad dejando como infame resultado, vulnerabilidad de la nueva generación al dinero fácil, al narcoterrorismo y a la cultura de la violencia, el riesgo que se enfrenta puede trascender décadas; indefectiblemente, la lucha contra el crimen organizado no puede reducirse a una estadística de aprehensiones, es también una batalla por el futuro de Bolivia.
La historia se forja en el presente, Bolivia está atravesando un momento que exige mirar más allá de la coyuntura, el Legislativo está tomando decisiones, el Ejecutivo está modificando su agenda económica e institucional, la Política Exterior está buscando nuevas alianzas y mecanismos de cooperación y la Policía, está llamada a convertir esas definiciones de Estado en presencia efectiva sobre el territorio, sin embargo la verdadera transformación, no se medirá únicamente por las leyes promulgadas, las reuniones internacionales realizadas o los anuncios oficiales, se ponderará, cuando el ciudadano pueda decir que el Estado volvió a estar presente, en los instantes que una familia pueda caminar sin miedo, cuando un empresario invierta con seguridad, cuando un joven encuentre oportunidades antes que una organización criminal, cuando una frontera deje de ser una puerta de entrada para el crimen y cuando ningún delincuente pueda asumir que existe un territorio donde la ley no llega, ese es el desafío institucional.
Bolivia no solamente toma decisiones, va definiendo que Estado conformará y en esa específica resolución, la Policía tiene una responsabilidad histórica: estar donde el ciudadano la necesita, recuperar la confianza, proteger el territorio y demostrar que frente al delito no existe “ni refugio ni impunidad” porque, finalmente, la historia no se escribe solamente en los parlamentos o, en los salones diplomáticos, se forja en las calles, en las fronteras y allí donde un policía decide cumplir con su deber.
BOLIVIA ANTE UN MOMENTO HISTÓRICO: DECISIONES, DIPLOMACIA Y SEGURIDAD