Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Resulta inconcebible que, en inaudita retribución a quienes han fomentado el contrabando y fortalecido una economía paralela al margen de la ley, existan legisladores que contemplen la posibilidad de premiarlos mediante un nuevo proceso de nacionalización de vehículos indocumentados.
El mensaje que transmitiría una medida de esa naturaleza sería devastador: “en Bolivia, incumplir la ley termina siendo más rentable que respetarla”.
Mientras miles de ciudadanos, empresas e importadores legales cumplen rigurosamente con el pago de tributos, seguros, fletes, aranceles y una extensa normativa para introducir un vehículo al país, el contrabandista evade todas esas obligaciones y posteriormente pretende obtener la misma seguridad jurídica mediante una amnistía legislativa.
No puede existir igualdad entre quien construye patrimonio con esfuerzo y quien lo hace vulnerando la ley.
Las cifras expuestas por la Cámara Automotor Boliviana revelan la magnitud del problema: un mercado ilegal que distorsiona la libre competencia, debilita la recaudación fiscal, pone en riesgo miles de empleos formales y genera incentivos permanentes para que continúe el ingreso clandestino de vehículos.
Pero el problema trasciende lo económico. Diversas autoridades y representantes del sector advierten que parte de estos motorizados estarían vinculados a circuitos de criminalidad organizada, incluyendo el robo internacional de vehículos, el contrabando y otras economías ilícitas. Si tales hechos son confirmados por las investigaciones correspondientes, cualquier proceso de regularización indiscriminada podría terminar otorgando apariencia de legalidad a bienes cuyo origen nunca fue plenamente esclarecido.
En lugar de discutir nuevas nacionalizaciones, corresponde fortalecer la autoridad del Estado en todo el territorio nacional. Ello implica reforzar el control fronterizo, combatir con decisión las redes de contrabando y fiscalizar a aquellos gobiernos municipales que, mediante permisos o registros administrativos, terminan normalizando la circulación de vehículos que ingresaron ilegalmente al país.
La institucionalidad no puede convertirse en un mecanismo para convalidar la ilegalidad.
Bolivia necesita reglas responsablemente claras, seguridad jurídica y respeto irrestricto al Estado de Derecho. Cada amnistía al contrabando no solo perjudica al importador formal; también erosiona la credibilidad de las instituciones, desalienta la inversión, premia la informalidad y debilita la cultura del cumplimiento de la ley.
La verdadera justicia no consiste en potenciar la ilegalidad, sino en garantizar que todos los ciudadanos compitan bajo las mismas reglas, con igualdad de obligaciones y de derechos. Solo así será posible construir un país donde el esfuerzo honesto tenga más valor que la transgresión y donde la ley deje de ser una opción para convertirse, definitivamente, en un principio inquebrantable.
PREMIO AL CONTRABANDO CASTIGO A QUIENES CUMPLEN LA LEY