Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Resulta profundamente preocupante que, en medio de una coyuntura caracterizada por bloqueos, confrontación política e incuantificable pérdida económica para Bolivia, algunos legisladores hayan promovido la participación de actores extranjeros para intervenir y pronunciarse sobre conflictos cuya resolución corresponde exclusivamente a los bolivianos.
Toda República que aspira a ser respetada debe comenzar por respetarse a sí misma. La soberanía no es una consigna circunstancial ni un recurso retórico para discursos de ocasión; constituye el principio fundamental sobre el cual descansa la existencia misma del Estado. Cuando este principio es debilitado, se pierde autoridad, las instituciones pierden legitimidad y la sociedad queda expuesta a la injerencia de intereses ajenos, fragilidad política.
La contradicción resulta evidente: quienes habitualmente reivindican la autodeterminación de los pueblos terminan recurriendo a instancias foráneas cuando las circunstancias políticas dejan de favorecer sus intereses. Lejos de fortalecer la democracia, la percepción del mensaje es que, Bolivia carecería de capacidad para resolver sus diferencias dentro de su propio marco constitucional.
Por ello, la defensa de la soberanía nacional no puede limitarse a discursos ocasionales tal y como un legislador denunció a sus homólogos en las redes sociales, “los representantes elegidos públicamente: Helen Patricia Patiño, Margarita Mendoza, Sonia Siñani, Milton Morales y Rodolfo García, deben generar coherencia política por el pueblo, tienen el deber de proteger la institucionalidad del país, preservar su imagen internacional y contribuir con la ley y los mecanismos democráticos establecidos por la Constitución”, siendo incuestionable su sindicación: “corresponde por legitimidad que dicha actuación en contra del país sea analizada por los jefes de bancada y el Pdte. de la Cámara de diputados para discutir sobre la ética que asiste a un legislador para mantener su curul como diputado”.
La irrefutable decisión de impedir el ingreso de la comitiva fue respaldada por la Dirección General de Migración sobre la base de criterios legales y administrativos. Denotándose el inmediato y significativo respaldo expresado por el Gobierno argentino, donde sus autoridades reconocieron que Bolivia actuó dentro del ejercicio legítimo de sus facultades soberanas. Diversas voces políticas, tanto oficialistas como opositoras, coincidieron además en que ningún país responsable puede tolerar despectivas actividades de naturaleza política promovidas por actores extranjeros en medio de una coyuntura de alta sensibilidad interna.
Análogamente la delegación argentina aceptó haber sido invitada por diputados, senadores, sindicatos y organizaciones sociales bolivianas. Prestigiosos medios argentinos identifican a esa misión integrada principalmente por dirigentes y activistas vinculados a sectores de izquierda y organismos de derechos humanos de ese país.
La historia enseña que las naciones fuertes no son quienes trasladan sus disputas fuera de sus fronteras, sino las que poseen la madurez suficiente para resolverlas dentro de ellas.
La soberanía no se delega, la República no se bloquea y el futuro de Bolivia debe decidirse en Bolivia.
La soberanía no se delega