Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
En reciente video publicado en TikTok, por la diputada Patricia Patiño afirmó que “mi gente se encontraba pacíficamente bloqueando”. Una expresión que encierra una evidente contradicción: no existe nada pacífico en impedir el libre tránsito, paralizar la actividad económica y vulnerar el derecho de millones de bolivianos a trabajar, producir y sostener a sus familias.
Porque mientras algunos llaman "protesta pacífica" al bloqueo, miles de ciudadanos ven interrumpidas sus fuentes de ingreso, se desprestigia la imagen de Bolivia ante la comunidad internacional, se encarece la canasta familiar, se deteriora la seguridad alimentaria y se profundiza una crisis económica que ya golpea duramente a nuestro país.
Sin embargo, la afirmación más inquietante fue su llamado a “despertar al león dormido”.
¿A qué "león dormido" se refiere, querida diputada?
La historia de San Julián no está escrita únicamente con discursos de confrontación. También está marcada por episodios dolorosos que evidenciaron hasta dónde puede llegar la violencia cuando el odio y el fanatismo se imponen sobre la razón. El 26 de octubre de 1984, durante los conflictos y bloqueos de la Brecha Casarabe, fue asesinado Jorge Tomelic Sánchez y 2 personas que lo acompañaban en circunstancias que dejaron una profunda herida en la memoria regional. Aquellos acontecimientos constituyen una advertencia histórica sobre los riesgos de convertir la confrontación en instrumento político.
Por ello resulta alarmante escuchar expresiones que parecen exaltar el enfrentamiento en un municipio que hoy vuelve a vivir tensión, incertidumbre y bloqueos. San Julián no necesita despertar ningún león; requiere recuperar la convivencia, la producción, el trabajo y el respeto mutuo.
La ironía se torna incalificable cuando un legislador alienta las movilizaciones de un municipio contra el progreso, contra la libre circulación y contra la integración al departamento que contribuyó significativamente a su crecimiento y desarrollo. La fortaleza de un pueblo no se mide por su capacidad de cerrar carreteras, sino por el denodado esfuerzo de producir, generar riqueza, crear oportunidades y construir futuro para sus hijos.
La historia ya mostró lo sangriento de los enfrentamientos entre bolivianos. Constituye un imperdonable error insistir en recorrer nuevamente ese camino.
A ello se suma algo difícil de comprender. Mientras el presidente de la República, Paz Pereira, lanza un parangón en la obligación del Estado de proteger a la ciudadanía ante hechos criminales —afirmando que, si alguien roba una vivienda o agrede sexualmente a una hija, el Estado debe actuar—, posteriormente y en contradictorio discurso insiste en privilegiar el diálogo incluso cuando efectivos policiales fueron recibidos a balazos durante operaciones destinadas a restablecer el orden, convirtiéndose la contingencia de una simple protesta en delictivo desafío al Estado de Derecho. Ninguna democracia puede normalizar que grupos organizados respondan con violencia armada a la presencia de la autoridad legítima.
Bolivia exige algo elemental: respeto a la Constitución, respeto a la ley y la firme aplicación del Estado de Derecho. La paz social no se construye cediendo ante la violencia; se cimienta garantizando que la ley prevalezca sobre cualquier intento de imponer la fuerza por encima de las instituciones.
¡ORDEN, PAZ Y TRABAJO!