En el marco del mandato expreso del Pdte. Rodrigo Paz de restablecer la institucionalidad, el director de la Terminal Bimodal, Lic. Marco Antonio García Pedraza, dispuso —en ejercicio legítimo de sus atribuciones administrativas— una auditoría a los procesos de contratación, licitación y disposición de bienes de la entidad. Revisión que permitió identificar irregularidades contractuales, tanto en el área administrativa como en la relación con operadores del transporte.
Se precisó que la Ley 181 regula los contratos específicos de la Terminal, establece un incremento anual del 3% y fija parámetros claros para su ejecución, los cuales deben ser observados sin excepción. Asimismo, se verificaron incumplimientos reglamentarios en el número de voceadores, superando el máximo permitido de tres por flota, situación que amerita regularización conforme a norma.
Las acciones de ordenamiento interno —incluyendo la regularización de voceros, el ajuste mínimo de tasas por salida de vehículos y el uso de servicios sanitarios— responden a criterios de legalidad, razonabilidad y transparencia. Sin embargo, un grupo reducido de personas reaccionó de manera coercitiva, “arma contundente en mano obligó a otros trabajadores a cerrar sus casetas” hecho incompatible con el Estado de derecho y pasible de responsabilidades legales.
La suspensión del servicio a los usuarios como medida de presión constituye una afectación directa a derechos de terceros y no encuentra sustento jurídico. El restablecimiento de la institucionalidad no es negociable ni puede ser condicionado por medidas de hecho. En un Estado de derecho, las diferencias se canalizan por las vías legales, no por la fuerza ni el chantaje.
CUANDO LOS PATOS LE TIRAN A LAS ESCOPETAS