El escandaloso paso de Johnny Fernández por la alcaldía, en aritmética simple, resta toda legalidad. Deja al poderoso municipio de Santa Cruz de la Sierra en un inicuo estado de descomposición, con una estructura municipal tensionada al límite y signos inequívocos de descalabro financiero.
Lo verdaderamente preocupante no es únicamente el saldo de su gestión, sino la dimensión de lo que hoy comienza a emerger. La nueva administración encabezada por Manuel Saavedra ha puesto en conocimiento público una serie de observaciones preliminares que, de confirmarse, podrían configurar responsabilidades de grueso calibre. Entre los elementos expuestos se mencionan:
— Irregularidades administrativas en la ejecución de recursos municipales.
— Señalamientos sobre contrataciones cuestionadas y posibles sobreprecios.
— Indicios de desorden financiero que comprometerían la sostenibilidad institucional.
— Falta de respaldo técnico en decisiones clave de inversión pública.
Estos elementos, aún en fase de revisión y auditoría, han motivado el anuncio de impulsar un juicio de responsabilidades, abriendo un escenario que trasciende lo político para instalarse en el terreno estrictamente legal.
Pero aquí emerge una reflexión aún más severa: si los indicios son de la magnitud que se denuncian, la omisión de actuar con celeridad y rigor por parte de la actual gestión no sería un error, sino una forma de corresponsabilidad.
Nuestro municipio no puede permitirse otro ciclo de encubrimiento, dilación o cálculo político.
Cuando la administración pública se convierte en sinónimo de opacidad, la justicia deja de ser una opción para convertirse en una obligación impostergable.
Porque en contextos donde los números no cierran, las decisiones tampoco pueden quedar abiertas.
DE GESTIÓN A PASIVO