Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
La historia boliviana transita una decisiva y medular contingencia, las aprehensiones de autoridades, las investigaciones sobre presuntas redes de protección al narcotráfico y las órdenes judiciales contra exautoridades proyectan un mensaje que trasciende las fronteras nacionales: el poder no debe constituir refugio frente a la ley.
La secuencia del puzzle adquiere significativa relevancia con la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca y de otros operadores judiciales y fiscales el 1 de octubre de 2026, dentro de una investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados al favorecimiento del narcotráfico, análogamente la rápida aprehensión del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, con orden emitida el 27 de octubre por una causa relacionada con la presunta malversación de aproximadamente Bs 191 millones destinados a 17 obras municipales.
Incuestionablemente los hechos investigados refieren a procesos distintos y responsabilidades que deberán determinarse individualmente, sin embargo, ambos sitúan en el centro del debate nacional una exigencia fundamental: ninguna autoridad, presente o pasada, debe quedar al margen de la fiscalización, la investigación y la justicia.
En el marco del Escudo de las Américas, la lucha contra el narcoterrorismo y la corrupción constituye un desafío estratégico para la credibilidad internacional de Bolivia, no basta con anunciar operaciones ni exhibir aprehensiones; corresponde desarticular las organizaciones criminales, identificar sus fuentes de financiamiento, investigar sus redes de protección y garantizar que los procesos judiciales concluyan con resultados sustentados en pruebas.
El combate al narcoterrorismo también exige impedir el criminal reclutamiento de menores, frenar la expansión de estructuras violentas y fortalecer la cooperación entre instituciones nacionales e internacionales, la corrupción que eventualmente protege estas actividades debe investigarse con la misma determinación que a quienes ejecutan los delitos, el país necesita instituciones firmes, una Policía con condiciones y actualización permanente, una Fiscalía independiente y una justicia sometida a la Constitución y las leyes; la presunción de inocencia y el debido proceso no debilitan la lucha contra el crimen: constituyen la base que legitima sus resultados.
Bolivia avizora la oportunidad de convertir las acciones judiciales en una transformación institucional evidenciable, la confianza internacional no se recupera únicamente con declaraciones, sino mediante investigaciones transparentes, responsabilidades demostradas y una lucha sostenida contra el narcoterrorismo, la corrupción y la impunidad; el mensaje debe ser inequívoco: ni refugio para las estructuras criminales ni impunidad frente a la ley, la firmeza del Estado se demuestra actuando sin excepciones, con legalidad, independencia y justicia.
BOLIVIA MARCA UN PUNTO DE INFLEXIBILIDAD: MENSAJE CONTUNDENTE AL MUNDO