Omisión que se convierte en violencia institucional

La sensibilidad de una denuncia por estupro y violencia familiar y doméstica no puede ser tratada como un acto administrativo. Cuando el Estado omite investigar con la debida diligencia reforzada, la omisión se transforma en violencia institucional, inadmisible si el daño alcanza al segmento infanto-juvenil y, con mayor razón, cuando la víctima es mujer.

La línea institucional del Fiscal General del Estado Róger Marica es categórica y pública: nadie goza de impunidad ante daño a niñas, niños, adolescentes o al género femenino. Implacabilidad que no admite excepciones por religión, militancia política, poder económico. La ley no reconoce fueros morales, credos, cargos ni fortunas.

Principio que, resulta jurídicamente inadmisible archivar una denuncia de esta naturaleza cuando el denunciado es un pastor evangélico. La investidura religiosa no otorga privilegios; por el contrario, exige mayor escrutinio cuando media una relación de poder, confianza o ascendencia espiritual. Pretender lo contrario erosiona la igualdad ante la ley.

En delitos sexuales, el silencio no desacredita: revela miedo, sometimiento y abuso de poder, conforme a estándares nacionales e internacionales. Archivar por “insuficiencia de elementos” sin agotar actos investigativos esenciales revictimiza y contradice la doctrina del propio Ministerio Público.

Las consecuencias son concretas: una joven con grave afectación psicológica, una confianza social quebrantada y un mensaje devastador para niñas y adolescentes —que denunciar puede ser inútil cuando el denunciado ostenta poder simbólico, económico o religioso—.

La reacción ciudadana no es ideológica ni caprichosa; es una interpelación ética frente a la percepción de impunidad. La intervención de la Viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, confirma una verdad incómoda: hubo una falla que debe ser revisada. Porque la justicia que no investiga no es neutral, y la omisión frente a la violencia sexual no es técnica: es estructural.

Actualidad Informativa se adhiere a la línea implacable del Fiscal General: ningún fiscal puede conceder impunidad tácita, sea el denunciado pastor, político, empresario o cualquier otra figura de poder.

En materia de niñez y de derechos de las mujeres, no existen intocables.

Cuando el Estado olvida eso, la omisión deja de ser error para convertirse en violencia.