Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Conducir en Santa Cruz de la Sierra se ha convertido, para miles de ciudadanos, en una lotería marcada por la zozobra y la sensación de una insuficiente presencia de la autoridad. El desorden vial, las reiteradas infracciones, la circulación temeraria de motociclistas, las carreras clandestinas y el irrespeto cotidiano a las normas de tránsito no solo afectan la movilidad urbana, sino que comprometen un derecho fundamental: la seguridad de las personas.
La Constitución Política del Estado establece, en su artículo 108, que es deber de todas las bolivianas y los bolivianos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, así como respetar los derechos ajenos. Del mismo modo, el artículo 251 dispone que la Policía Boliviana tiene la misión específica de la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional.
En ese marco, la Unidad Operativa de Tránsito tiene la ineludible responsabilidad de prevenir, controlar y fiscalizar la circulación vehicular, haciendo cumplir el Código Nacional de Tránsito y su Reglamento. Estas normas confieren a la autoridad de Tránsito la atribución de regular la circulación, ejercer control permanente sobre conductores y vehículos, prevenir accidentes, sancionar las infracciones y desarrollar acciones de educación vial.
Por ello, la ciudadanía tiene pleno derecho a exigir que dichas competencias se ejerzan con planificación, presencia operativa y resultados responsables.
Bajo la dirección departamental del Cnel. Marco A. Torrez, corresponde liderar la planificación estratégica de los operativos de control, administrar los recursos humanos y logísticos disponibles, supervisar el cumplimiento de las disposiciones institucionales y garantizar que el servicio policial responda a las necesidades de una ciudad cuyo parque automotor crece de manera acelerada. La función directiva también implica evaluar permanentemente la efectividad de las operaciones y adoptar correctivos cuando los indicadores de siniestralidad e infracciones evidencian deficiencias.
En consecuencia, resulta legítimo que la Dirección Nacional de Tránsito realice un seguimiento técnico y administrativo sobre la eficacia de las políticas implementadas en Santa Cruz. La ciudadanía merece respuestas concretas: ¿por qué continúan observándose motociclistas que circulan sin casco, sin placas o infringiendo normas elementales? ¿Por qué persisten maniobras temerarias y carreras ilegales en vías urbanas? ¿Por qué el incumplimiento de la normativa parece convertirse, en muchos sectores, en una conducta habitual?
No se trata únicamente de imponer sanciones. Es de vital importancia recuperar el principio de autoridad, fortalecer la prevención y garantizar que quien cumple la ley no se encuentre en desventaja frente a quienes la infringen sistemáticamente.
Una ciudad que aspira al desarrollo no puede tolerar la indiferencia de la autoridad en normalizar el desorden vial. La seguridad del tránsito constituye una política pública y una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos. Sin embargo, el liderazgo institucional recae en quienes tienen el mandato legal de dirigir, controlar y hacer cumplir la norma.
Santa Cruz exige una autoridad de Tránsito visible, preventiva, técnica y firme; una institución que haga del respeto a la ley una práctica cotidiana y no una excepción. El ciudadano que cumple las normas merece que el Estado responda con la misma responsabilidad con la que él actúa cada vez que toma el volante.
Inadmisible indiferencia con el control de tráfico vehicular