Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
La información oficial permite identificar al presunto autor mediante el seguimiento de cámaras de seguridad y confirma que la investigación continúa. Sin embargo, este hecho también reabre un incuestionable debate de fondo: la capacidad logística con la que cuenta la Policía Boliviana para responder con oportunidad ante hechos de alta peligrosidad.
Tras el delictivo hecho un efectivo de la Policía Turística manifestó públicamente que la unidad no cuenta con vehículos para reaccionar de manera pronta y oportuna frente a las emergencias. Esa declaración no puede ser considerada un hecho aislado, sino un reflejo de las limitaciones materiales que enfrentan distintas unidades policiales.
El atraco perpetrado en una entidad financiera de Equipetrol, donde un delincuente -armado realizó disparos- redujo al guardia de seguridad privada y escapó con Bs 28.600, demuestra que la delincuencia actúa con furtividad y violencia. Frente a ello, la obligación constitucional del Estado y de los gobiernos municipales deben asumir su responsabilidad de dotar a la Policía de recursos logísticos, equipamiento y movilidad que no admite postergaciones.
Resulta incoherente exigir a los efectivos policiales un estricto cumplimiento del deber, incluso arriesgando su propia vida, mientras se les priva de las herramientas indispensables para proteger a la ciudadanía. La seguridad pública exige voluntad política, inversión y planificación, no demagogos discursos.
De persistir esta indiferencia institucional, el riesgo es evidente: la ciudadanía continuará expuesta a hechos cada vez más violentos y las autoridades deberán asumir su negligente responsabilidad por las consecuencias de haber relegado la seguridad a un segundo plano. La prevención siempre será menos costosa que buscar correcciones que lamentan tragedias que pudieron evitarse con una adecuada y obligatoria asignación de recursos y el deber con la protección de la población boliviana.
“DE PELÍCULA”