El despojo silencioso del patrimonio cruceño
Por inaudito que parezca –y más grave aún, por repetido– los distintos gobiernos municipales que han incurrido en una práctica que erosiona la esencia misma de la administración pública:
disponer del patrimonio del soberano como si se tratase de un activo negociable.
No hablamos de errores.
Citamos conductas reiteradas.
EL MUTUALISTA: CUANDO EL ESTADO RETROCEDE HASTA DESAPARECER
Él no fue simplemente afectado:
fue materialmente comprometido en su totalidad.
Decisiones judiciales, omisiones administrativas y una defensa institucional débil han colocado uno de los centros más populares más importantes de la ciudad al borde –o dentro– de su pérdida como bien municipal.
El resultado no es abstracto:
Familias enteras sumidas en la incertidumbre
Millonarias pérdidas económicas
Desorden estructural convertido en norma
Aquí, el municipio no defendió
Retrocedió.
EL ZOOLÓGICO: LA PÉRDIDA SILENCIOSA Y PROGRESIVA
Él no desapareció…
pero sí fue reducido.
A lo largo del tiempo, litigios, decisiones administrativas cuestionadas y la falta de previsión derivaron en la pérdida parcial de su predio, fragmentando un espacio que debía ser protegido como patrimonio ambiental, educativo y urbano.
No hubo un acto abrupto.
Se trató de algo más peligroso:
una erosión progresiva.
Cesiones de terreno
Resoluciones adversas
Falta de defensa técnica oportuna
El resultado, exactamente igual:
lo público se achica… “mientras el silencio crece”.
NO ES CASUALIDAD ES PATRÓN.
Un mercado que se pierde en su totalidad.
Un zoológico que se reduce por partes.
Ambos casos comparten los mismos principios:
Debilidad institucional
Falta de estrategia júridica
Decisiones sin transparencia plena
Ausencia de una política firme de defensa del patrimonio municipal
Cuando estos elementos convergen, el desenlace es inevitable:
el Estado deja de administrar… y el daño es irreversible.
EL COSTO REAL: LA CIUDAD QUE SE EMPOBRECE
Cada metro cuadrado perdido no es solo tierra.
Es capacidad operativa, es orden urbano, es futuro.
Y lo más grave:
no lo pierde el gobierno de turno. Es un devastador daño al ciudadano.
Porque el patrimonio municipal no es propiedad política.
Es mandato soberano.
CONCLUSIÓN: ES IMPERATIVO EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEY
El mensaje es claro y no admite más dilaciones:
Defender el patrimonio público no es opcional.
Litigar con firmeza no es un lujo, es una obligación.
Planificar no es discurso, es una responsabilidad.
Porque cuando el municipio dispone lo que le pertenece, no solo incurre en negligencia…
Incurre en traición.
Y toda traición –tarde o temprano– exige responsabilidad.
¡Santa Cruz de la Sierra demanda el cumplimiento irrestricto de la ley!
TRAICIÓN QUE RAYA EN EL DELITO