Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Santa Cruz de la Sierra no está frente a una coyuntura menor ni ante un simple desgaste de gestión.
Transita un brete donde la verdad debe imponerse sobre cualquier intento de dilución política; resultan inadmisibles los informes construidos sobre discursos y balances que no resisten contraste.
La ciudadanía no está llamada a creer: tiene la obligación de verificar, exigir y determinar responsabilidades.
Porque cuando existen investigaciones en curso, recursos públicos que están bajo cuestionamiento y una institucionalidad que evidencia fisuras, el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad. Y esa complicidad ya no es abstracta: se manifiesta en signos visibles de descomposición que indican que el límite ya ha sido sobrepasado, la crisis ha dejado de ser administrativa para constituirse en sanitaria.
Una ciudad inundada de basura —que ya compite con la suciedad de la propia gestión— no es únicamente resultado de ineficiencia: constituye un atentado directo contra la salud pública.
Más grave aún, cuando ese servicio —deficiente o inexistente— ha sido previamente cobrado a los ciudadanos a través de la facturación incorporada en el suministro eléctrico de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE).
Escenario en el que ya no se discute le gestión: se configura una posible vulneración de derechos colectivos, en consecuencia, el Ministerio Público no puede permanecer en posición expectante, corresponde la apertura inmediata de actuados de oficio, no como una reacción política, sino como una obligación legal frente a hechos que comprometen recursos públicos, servicios esenciales y la salud de la población.
El poder no es un privilegio.
Es una responsabilidad sujeta a control.
Quien administra recursos públicos no puede refugiarse en relatos, excusas ni en formalidades vacías: debe responder, explicar y someterse. Porque en una democracia real, la autoridad no se sostiene por el cargo, sino por la transparencia. Y cuando esa transparencia es puesta en tela de juicio, lo que corresponde no es cerrar filas sino abrir cuentas: sin matices, demoras y sin concesiones.
La pregunta ya no es retórica, es decisiva: ¿Permitiremos que la corrupción —tan visible como la basura que invade la ciudad— se oculte con el ocaso de una gestión, o exigiremos que responda antes de que caiga el telón?
Porque cuando se vulnera la justicia, los recursos públicos se diluyen y la ciudad retrocede en servicios esenciales, ya no se trata de simple política… enfrentamos responsabilidad y, la responsabilidad —en democracia— no se negocia:
Se exige.
SALUD EN RIESGO, SILENCIO QUE COMPROMETE AL MINISTERIO PÚBLICO