Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Cuando uno de los pilares de la economía nacional enfrenta una crisis sin precedentes, el Estado no puede permanecer como un simple espectador. La industria forestal boliviana, generadora de más de 200.000 empleos directos e indirectos, atraviesa una emergencia económica que exige una respuesta inmediata, coordinada y técnicamente sustentada.
Las cifras son alarmantes: durante el segundo trimestre de 2026 las exportaciones forestales cayeron un 66,1% respecto a 2024, con pérdidas superiores a 16 millones de dólares, incluso por debajo de los niveles registrados durante la pandemia. Detrás de estos números existen miles de familias, comunidades forestales, transportistas y pequeñas empresas cuya estabilidad depende de que el comercio legal continúe funcionando.
Es incuestionable que toda sospecha relacionada con el narcotráfico debe investigarse con el máximo rigor. Sin embargo, ese deber del Estado debe coexistir con otro principio igualmente esencial: la presunción de legalidad de quienes desarrollan actividades productivas mientras no exista una determinación firme que demuestre responsabilidades.
Si las medidas de control extraordinarias están paralizando exportaciones durante semanas, reteniendo contenedores y afectando contratos internacionales, corresponde a las autoridades acelerar las investigaciones, transparentar los resultados y ofrecer certeza jurídica al sector.
Resulta indispensable la conformación inmediata de una Mesa Técnica Interinstitucional que reúna a las autoridades nacionales, organismos especializados, representantes del sector forestal y, de ser necesario, expertos internacionales, para verificar científicamente cada caso y evitar que la investigación de hechos presuntamente aislados termine comprometiendo la credibilidad de toda una industria.
De manera ostensiblemente responsable, algunos especialistas han planteado irrefutables cuestionamientos técnicos sobre la interpretación de determinadas cifras de incautaciones, argumentando que deberían contrastarse con análisis periciales, capacidades reales de producción y metodologías de laboratorio antes de extraer conclusiones definitivas. Precisamente por ello, la mejor respuesta no es la especulación, sino la evidencia científica, la transparencia y el debido proceso.
Bolivia debe demostrar que posee la capacidad de combatir con firmeza al crimen organizado sin destruir sectores productivos estratégicos que actúan dentro de la legalidad. Investigar con rigor y proteger el trabajo honesto no son objetivos incompatibles; son obligaciones inseparables de un Estado de Derecho.
La reputación internacional del sector forestal boliviano, la estabilidad de miles de empleos y la confianza de los mercados no pueden quedar suspendidas indefinidamente sobre la base de investigaciones aún en desarrollo. El país necesita respuestas, pruebas concluyentes y decisiones oportunas, porque cada día de demora profundiza una crisis que amenaza a uno de los motores históricos de la economía nacional.
SECTOR FORESTAL INFAME PERJUICIO “CONDENA POR SOSPECHAS”