Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Cuando se paga más y se recibe menos:
Bolivia vuelve a transitar un escenario crítico en materia energética. La escasez de diésel no es un episodio aislado ni coyuntural: es la expresión tangible de una estructura debilitada que ya no logra sostenerse con coherencia operativa.
Hoy, en plena etapa de cosecha —cuando el aparato productivo requiere continuidad y abastecimiento— los surtidores registran hasta seis días sin suministro. No es una anomalía menor: es una fractura en la cadena de provisión que impacta directamente en la producción, eleva los costos y, finalmente, compromete la seguridad alimentaria.
Pero el elemento más sensible y —estratégicamente más crítico— casi inadmisible: el precio del diésel se ha incrementado en torno al 163%.
Esto configura un escenario casi inédito: el país ha dejado de sostener en la práctica un esquema plenamente subvencionado, pero tampoco ha logrado consolidado un sistema de operativa en la provisión.
Se ha perdido el equilibrio en ambos frentes: ni protección efectiva al consumidor ni eficiencia en la provisión.
Esto plantea interrogantes inevitables:
—¿Dónde está la capacidad operativa del sistema energético?
—¿Qué ocurre con la planificación y la logística de importación y distribución?
—¿Cómo se justifica el pago a precios internacionales sin un suministro confiable?
El sector productivo —especialmente el agro cruceño— no puede operar bajo incertidumbre estructural. La cosecha no espera. Los ciclos productivos no se subordinan al desorden logístico.
Aquí no citamos narrativa mucho menos posicionamiento político.
Se trata de gestión, previsión y responsabilidad.
Porque cuando un país paga más, lo mínimo exigible es recibir un sistema que funcione. Cuando eso no ocurre, la crisis deja de ser energética.
Pasa a ser una crisis de credibilidad.
CRISIS ENERGÉTICA