Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
El histórico momento por el que transita la República de Bolivia bajo la gestión gubernamental del presidente constitucional Paz Pereira, bajo ninguna cobarde y desesperada amenaza en contra de sus autoridades debe detener la defenestración de las redes de corrupción, tráfico de influencias y organizaciones criminales que, durante décadas, encontró espacios de penetración en las instituciones fundamentales del Estado y es que como ciudadanos decentes, tenemos el derecho de soñar con una verdadera refundación institucional, cimentada en el bien común, la independencia de poderes, la legalidad y el respeto irrestricto a la dignidad humana. Las últimas y nefastas décadas marcaron profundamente nuestra democracia, bajo contradictorios discursos de reivindicación social y una impostora transformación revolucionaria se consolidó prácticas de concentración del poder, debilitamiento institucional y cuestionamiento de la independencia judicial; la justicia que debía constituir garantía de igualdad ante la ley, fue sindicada reiteradamente por el servilismo como instrumento de confrontación política.
No debemos soslayar a quienes enfrentaron procesos penales, detenciones y persecuciones que posteriormente fueron cuestionadas por organismos internacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos, máxime si durante la administración transitoria de 2019 y 2020, se registró inconfesables actuaciones judiciales que desde luego, fueron observadas por vulneraciones al debido proceso.
La República no debe aceptar una justicia que cambie de destinatarios según quién gobierne, la persecución política es intolerable, como lo es la impunidad de quienes hayan utilizado sus investiduras para delinquir, encubrir organizaciones criminales o someter la administración pública a intereses particulares, siendo suficientemente elocuente los antecedentes, las investigaciones contra exautoridades policiales vinculadas con el narcotráfico, los escándalos de corrupción en instituciones públicas, las irregularidades denunciadas en el Fondo Indígena, el caso de los gases lacrimógenos y las investigaciones sobre el denominado consorcio político-judicial constituye capítulos que el país tiene la obligación de esclarecer, sin embargo, los acontecimientos de septiembre y noviembre de 2026 introducen una nueva dimensión en esta historia, la aprehensión del entonces Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, junto a otros funcionarios del Ministerio Público y un oficial policial, dentro de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico, constituye un hecho de enorme trascendencia institucional, adhiriéndose las investigaciones y medidas fiscales conocidas contra el prófugo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo.
Cuando las investigaciones alcanzan a quienes debían garantizar la legalidad, administrar justicia y perseguir el delito, la sociedad tiene legítimo derecho a exigir explicaciones, transparencia y resultados, ningún cargo, apellido, filiación política o jerarquía institucional puede convertirse en salvoconducto frente a la ley pero cuidado: desestructurar las redes de corrupción no significa sustituir la estructura de sometimiento, mucho menos convertir la justicia en un instrumento de revancha, connotando que la verdadera transformación exige independencia fiscal, jueces probos, investigación científica, debido proceso, transparencia patrimonial y sanciones proporcionales, respaldadas por pruebas y sentencias legítimas, Bolivia debe recuperar la institucionalidad republicana, requiere que la administración de justicia deje de ser percibida como una extensión de intereses políticos y que la Policía Boliviana, el Ministerio Público, los tribunales y todas las instituciones públicas recuperen la confianza de la ciudadanía mediante el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades.
La refundación no se consolida con discursos, cambios de nombres ni ceremonias de posesión, se construye desmantelando con autoridad las redes de protección del delito, investigando el enriquecimiento injustificado, recuperando los recursos públicos y garantizando que las instituciones respondan exclusivamente a la Constitución y a los ciudadanos, el tiempo de reivindicar el mérito, la honestidad, la responsabilidad pública y la autoridad moral, de comprender que el poder no constituye un patrimonio personal ni una licencia para disponer de los recursos y las instituciones de todos los bolivianos; su tácita recuperación es ahora, no después, mucho menos mañana..., tenemos todo el derecho a soñar con una Bolivia donde la justicia no persiga al ciudadano por pensar diferente, donde el delincuente no encuentre refugio en una investidura y donde ningún funcionario pueda utilizar el Estado para garantizar su propia impunidad.
Como medio de comunicación Actualidad Informativa sostiene que la República ordena firmemente instituciones fuertes, ciudadanos libres y autoridades sometidas a la ley, porque la verdadera refundación del Estado no consiste en potenciar el sometimiento: exige recuperar la libertad, la justicia, la dignidad institucional de Bolivia, la ley por encima del poder, la República sobre los intereses particulares y Bolivia por encima de cualquier organización política o personal.
OPORTUNIDAD HISTÓRICA, REFUNDAR LA INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO Y DESMANTELAR LAS REDES DE CORRUPCIÓN